Democracia chueca

De manera bastante oportuna desde la izquierda se ha puesto sobre la mesa la importancia que, para la vigencia de la democracia, tiene la superación del monopolio u oligopolio que algunas empresas ejercen sobre los medios de comunicación.

La cuestión, que atañe directamente a los partidos políticos, va no obstante, mucho más allá que los intereses de las fuerzas que en fecha cercana disputarán en procura del respaldo de la ciudadanía para el cumplimiento de sus programas.

Junto con la necesaria reestructuración del poder mediático hay otros aspectos más estrictamente institucionales que hacen a la seriedad y solvencia del sistema de garantía que constituye el Estado de Derecho.

Nos referimos a la llamativa demora por parte del gobierno en la provisión de los cargos en los organismos de contralor –Corte Electoral y Tribunal de Cuentas– de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Constitución de la República y de los acuerdos políticos realizados con posterioridad a las elecciones de 1999, en las que el Encuentro Progresista-Frente Amplio resultara el lema con el mayor número de votos.

Como se ha señalado más de una vez, el mantenimiento de las relaciones de fuerza que surgen de la composición actual, los partidos conservadores se están reservando mayorías absolutas que les permiten intervenir decisivamente en, por ejemplo, la anulación de los resultados de una elección que les resultara adversa.

El asunto es demasiado grave para seguir como hasta ahora aceptando la situación inercial, de hecho consumado que está plasmando el gobierno del doctor Jorge Batlle.

Cualquier observador externo, en caso de conocer en detalles la situación que se está prefigurando, no vacilaría en señalar que la omisión del gobierno constituye un factor de distorsión seria en el panorama político y electoral de nuestro país.

Las elecciones recientes en Brasil han mostrado entre otras cosas hasta qué punto, en el momento actual de América Latina, una elección presidencial se carga de un número casi insoportable de tensiones del más diverso tipo: los anuncios de hipersensibilidad de los mercados bursátiles, las impertinentes declaraciones de jerarcas de organismos internacionales, las oscilaciones del llamado «riesgo país» y de la moneda como resultado de los factores antes mencionados, entre otros factores.

Frente al avance incontenible de la candidatura de Luiz Inácio da Silva, una serie de «augurios pánicos» pretendieron intimidar a los electores y bloquear de esta manera a los representantes de las fuerzas del cambio.

A diferencia de lo que hasta ahora está sucediendo en nuestro país con los obstáculos puestos al nombramiento de la Corte Electoral, el Presidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, apareció durante toda la campaña dando señales inequívocas de su decisión de respetar los resultados electorales.

La maquinaria estatal brasileña, que resultó insuficiente para levantar la candidatura continuista de Serra, apareció no obstante, como un factor de legalidad y seriedad frente a los desbordes verbales y las amenazas encubiertas que se formulaban contra la candidatura de Lula.

Para nuestro país –con una tradición de cultura política y electoral consistente– que enfrentará en 2004 una contienda electoral reñida, resulta intolerable que las autoridades se den el lujo de violar las normas y romper los acuerdos realizados.

Sin eufemismos se puede concluir que es responsabilidad del Poder Ejecutivo y de los partidos que lo respaldan el grave error de estar agregando a las dificultades que tiene el país un factor de perturbación necio y absurdo, que incorpora un factor de desconfianza en una zona delicada del proceso democrático, nada menos que el proceso electoral y la existencia de idénticas garantías para todos los partidos. Si la integración de la Corte Electoral no se resuelve, estaremos compareciendo ante una consulta electoral con una democracia chueca. *