La Comisión para la Paz

 

Está culminando sus actuaciones la Comisión creada en agosto de 2000, la que hemos apoyado desde sus inicios; si algún reparo nos podía merecer en aquel tiempo, la decisión favorable de los Familiares de Detenidos Desaparecidos disipó cualquier duda subsistente.

Si bien es cierto que la tarea llevada a cabo –inconclusa al momento de escribir esta nota– no puede catalogarse de fecunda, por su propia naturaleza y por las circunstancias que la determinaban desde el mismo instante de su concepción, debe establecerse que ella ha sido relevante y trascendente.

No se terminó el problema de los detenidos desaparecidos, ni se «dio vuelta la página» como se anunciaba, pero se ha avanzado en esta asignatura pendiente en forma por demás significativa.

Se ha concluido, en base a convicción o a información relevante, en torno a la gran mayoría de los casos abordados, pero estas conclusiones no resultaron satisfactorias en su totalidad como para afirmar que la sociedad puede sentirse reconfortada hoy.

Sin embargo, no deben pasar inadvertidos ni el esfuerzo realizado ni las importantes informaciones que han sido brindadas.

Por encima de matices y eventuales discrepancias, debemos aseverar enfáticamente: en dos años se ha avanzado mucho más que en los 15 anteriores, desde la recuperación del funcionamiento democrático. Esto debe reconocerse y no puede soslayarse de ninguna manera.

Tampoco podemos, a la hora de este balance primario, olvidar la presencia y el aporte que en el seno de esta Comisión y hacia el Uruguay entero realizara el Padre Luis Pérez Aguirre.

Esa garantía moral, del más hondo contenido humano, que para mucha gente significó «Perico», fue factor determinante para el aval que los Familiares dieran al organismo

Cotugno, D’Elía, Fernández, Osorio, Ramela y Williman (así, por estricto orden alfabético) han realizado una contribución patriótica y lo han hecho por encima y a veces a costa de los intereses propios. No fueron seleccionados al azar y la vida demostró que estaban a la altura de la tarea encomendada.

Pero no fueron los únicos; muchas personas colaboraron de diferentes maneras y el reconocimiento debe ser también para cada uno de ellos. Creo firmemente que no se hubiesen registrado los avances que se produjeron si no se hubiese contado con esas informaciones y esos testimonios.

También es justo destacar el apoyo paciente y tolerante de los más allegados a los desaparecidos así como el de la mayoría de los uruguayos.

La Comisión contó con una especie de apoyo silencioso que no debe interpretarse como pasividad y, mucho menos, indiferencia.

No olvidemos que este asunto fue frustrado o postergado por las negativas de los ex presidentes Sanguinetti y Lacalle, que por cierto no estaban solos en esa postura…

Hoy, contra lo afirmado y reafirmado, por primera vez en 30 años, desde el Estado se reconoce que hubo desaparecidos, torturados y secuestrados por los grupos que detentaron el poder en la noche más oscura que vivió la República. Que se cometieron varios crímenes de lesa humanidad.

La sociedad uruguaya le debe un reconocimiento a la Comisión y a sus integrantes.

Sería positivo que, institucionalmente, se emitieran señales; el Parlamento, que es genuino representante de la ciudadanía, debería expresarse a la brevedad posible.

En la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes hemos acordado invitar a los miembros de la Comisión para la Paz, una vez realizado el Informe Final a la población.

No desconozco que el tema de las Ausencias por Desaparición Forzada sigue abierto y necesitará tratamiento y soluciones legislativas. Además, no percibo todavía instalado en nuestra sociedad ese necesario «estado del alma», al decir del doctor Batlle, aunque reconozco que vamos avanzando.

Tampoco ignoro que las conclusiones adelantadas, así como las que se presenten finalmente, darán lugar a diferentes interpretaciones y serán recibidas por cada quien según su posicionamiento político.

Sé, como todos en este país, que lo que se maneje acerca de la infame muerte que sufriera Elena Quinteros, intentará ser vinculado al proceso penal que enfrenta el canciller de la dictadura y representante del Partido Colorado en democracia, doctor Juan Carlos Blanco.

Pese a todo, siento que igualmente valió la pena lo realizado.

Hoy es momento del reconocimiento a la iniciativa (de las pocas coincidencias que registramos con el Presidente en lo que va de su mandato) y la labor desarrollada por la Comisión.

Un simple homenaje al coraje y la entrega de muchos orientales; a la colaboración, la solidaridad y el respeto que han demostrado las grandes mayorías en el Uruguay.

Finalmente, creo que también se impone un instante de silencio en memoria de todos aquellos que sufrieron la muerte, la desaparición forzada, la tortura, el vejamen, el secuestro, la persecución, el exilio, la discriminación, el insulto y cualquier forma de violencia o de agravio de parte de los asesinos y sus colaboradores que, bueno es recordarlo, disfrutan todavía de la impunidad y si alguna vez enfrentan la Justicia, cuentan con todas las garantías que la Constitución y la Ley otorgan.

Garantías que ellos no ofrecieron. *