Enigma para constitucionalistas

La crisis que vive el país, más allá de algunas contingencias negativas que es deber recordar, es responsabilidad de la política económica del gobierno del doctor Jorge Batlle. Es tema opinable, pues más de un personaje de este país y varios órganos de prensa han sostenido y, en algunos casos curiosamente lo siguen haciendo pese al desplome de la economía y la enormidad del descalabro que se observa a lo ancho y largo del país, que estamos en el mejor de los mundos.

¿A qué apuntamos con esta reflexión? Tratamos simplemente de responder a la inquietud que tienen muchos uruguayos ante la rigidez de nuestra Carta Magna presidencialista que impide la destitución del primer mandatario en razón de una gestión deficiente y contradictoria, que llevó al país y a los uruguayos a vivir la peor crisis de la historia. El constituyente no previó un gobierno tan calamitoso.

Por ello, el camino institucional por ese lado queda vedado: la Constitución no establece mecanismos para una destitución lisa y llana de un mal gobernante. Sin embargo establece el mecanismo del llamado Juicio Político, ante alguna acción del primer mandatario que de manera flagrante viole el ordenamiento legal. Por ello es importante tomar muy en cuenta la marcha de las dos comisiones investigadoras que están funcionando a nivel parlamentario. Una de ellas, la que trata la situación del sistema financiero, puede llegar a conclusiones gravísimas, ya que no existe ningún tipo de justificación legal para la asistencia que se dio a los bancos, ahora «suspendidos», con dinero proveniente de la Tesorería de la Nación –más de 500 millones de dólares– que fueron transferidos en base a órdenes verbales del por entonces ministro de Economía, Alberto Bensión, las que posteriormente fueron justificadas con decretos firmados por Batlle, todo ello sin informar por ningún conducto al Tribunal de Cuentas. Ese tema es grave, como también el contrato leonino firmado con los tres bancos extranjeros propietarios del Comercial, que todavía es mantenido bajo las siete llaves de la «reserva».

La otra Investigadora está referida a los «negocios» de Ancap en la Argentina. Por la magnitud del desastre que investiga, por los puntos oscuros que aparecen a cada momento, por la dilapidación irresponsable de los dineros públicos, también podría finalizar con la comprobación de delitos de diversa índole que el gobierno omiso no se encargó de aclarar. Sólo en caso de que se comprobara la comisión de ilícitos en estas gestiones desacertadas, podría haber lugar al juicio político, un mecanismo constitucional que en modo alguno podría desestabilizar la democracia. *