Frágiles argumentos a favor de la impunidad

Nuevamente anuncios provenientes del ámbito judicial generan réplicas por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo.

Ante cada acto, desde el gobierno se dice que los fiscales y los jueces que analizan o sentencian sobre crímenes se equivocan, que estos errores reabren heridas y pueden poner en peligro la paz.

No se aclara en qué podría consistir esta alteración de la paz pública.

Y como no se aclara, no se termina de entender a qué podría conducir esta «impericia judicial» en el pensamiento de los señores Luis Hierro López y Yamandú Fau.

La alteración de la paz como respuesta al procesamiento de algunos hombres de la dictadura ¿podría consistir en la ejecución de algunos atentados como ser atacar con bombas o con balas los autos y las casas de algunas personas?

Tratándose de eso, y siendo que vivimos en un inmaculado estado de derecho y en unas sabias y bien implantadas instituciones democráticas, estas acciones puntuales, minoritarias y desprovistas de todo apoyo serían rápidamente investigadas y sus responsables procesados y presos. Ni la democracia ni la paz pública tendrían nada que temer.

O, por el contrario, ¿se sugiere que la reacción de los que se sienten solidarios con Juan Carlos Blanco o con los asesinos del Toba y de Zelmar podría ser peor?

¿O se insinúa que unas acciones de tipo intimidatorio como las mencionadas más arriba tendrían apoyo en áreas gravitantes de los aparatos policial y militar?

¿Y que, siendo así, esos atentados intimidatorios, no ya contra la justicia sino contra las instituciones, habrían de quedar impunes, y por tanto, el país tendría que convivir con la comisión de nuevos atentados?

En ese caso, ¿en qué clase de democracia viviríamos?

¿Qué vigencia mantiene el principio constitucional de la independencia de los magistrados?

¿Qué es lo que ha sobrevivido del principio de división de poderes y de la subordinación de los militares al orden constitucional?

Los defensores a ultranza de la impunidad expresan de manera reiterada «su admiración» por lo que llaman «la sabiduría del pueblo uruguayo» cuando en el plebiscito de 1989 dio su aprobación a la Ley de Caducidad. Esa «sabiduría», sostienen, es la que trajo esta «paz» que todos disfrutamos.

Un razonamiento como este sólo puede sostenerse sobre la base de tres supuestos:

Primero, Uruguay es una isla, un territorio al margen de las corrientes de pensamiento y de la evolución de concepciones judiciales que han llevado a la cárcel a Videla y Massera, al desafuero de Pinochet, a la cárcel a Contreras y a tantos otros militares chilenos, argentinos y paraguayos. Un país al margen de los Tratados y de las Convenciones Interamericanas.

En Uruguay, según esta manera de pensar, se habría llegado a la situación de negar que la desaparición forzada sea un delito permanente.

En segundo lugar, para irradiar tanta admiración por la paz conseguida es necesario ignorar la existencia de reclamos por verdad y justicia, desconocer que existen los familiares de detenidos desaparecidos, ignorar la significación social, política y simbólica de los crímenes de la dictadura. Entonces, para ensalzar la paz, se ignora que existe el Serpaj y Amnistía Internacional, la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT y los demás movimientos de partidos políticos y organizaciones de derechos humanos que, desde hace seis años, todos los 20 de mayo levantan las banderas de verdad y justicia.

En tercer lugar, los defensores de la impunidad se niegan a reconocer los efectos que en la institución militar ha tenido el ejercicio del poder despótico y la impunidad que lo protege.

Para los embelesados con la impunidad no ha existido la participación de oficiales uruguayos en la protección a Berríos y luego la complicidad con los que lo asesinaron.

¿O es que a ese sórdido episodio de coordinación entre servicios militares de Uruguay y Chile, ocurrido en 1992 hay que envolverlo también en los delicados mantos protectores de la Ley de Caducidad que tanta paz ha traído a los uruguayos? *