Otro golpe a la desmemoria

Sendas actuaciones del fiscal de Corte y del juez penal determinaron un nuevo y significativo paso en la búsqueda de la verdad.

Efectivamente, a partir de la iniciativa del doctor Oscar Peri Valdez desde la Fiscalía de Corte, el magistrado de Undécimo Turno, doctor Roberto Timbal, decidió desarchivar la causa judicial generada en el país por los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

Como surge de la nota informativa de LA REPUBLICA en su edición de ayer, en esta instancia, como en otras recientes en torno a la misma problemática de lucha contra la desmemoria y la impunidad, el senador Rafael Michelini reiteró una activa participación en diversas instancias.

Se trata en esta instancia, conviene no perderlo de vista, de la decisión de dos magistrados, de dos funcionarios que tienen una responsabilidad específica en el desarrollo de la acción de la Justicia en nuestro país.

Por un lado, la influyente figura del Fiscal de Corte, representado en esta instancia por el doctor Oscar Peri Valdez, de actuación relevante, a menudo discutida, en el Ministerio Público.

El doctor Peri Valdez, como la doctora Mirta Guianze, de destacada actuación en el procesamiento con prisión del ex canciller Juan Blanco, en tanto expresión del ministerio público no forman parte de los cuadros del Poder Judicial

En el caso del Fiscal de Corte su nombramiento depende directamente del Poder Ejecutivo; él y todos los fiscales revistan en la estructura orgánica del Ministerio de Educación y Cultura. Vale decir, forman parte de la estructura del Poder Ejecutivo.

La reanudación de las actuaciones judiciales en un episodio de la naturaleza de éste tiene un muy fuerte componente simbólico: se trata de un crimen cometido contra dirigentes políticos conocidos –y queridos– de larga actuación en la función pública, ligados, ambos, a la historia de los partidos tradicionales, a la actividad de gobierno y a la acción parlamentaria.

Figuras cuyo paso por la dolorosa historia del país en los años sesenta y setenta está asociada a la acción política pacífica, a la persuasión y la búsqueda de acuerdos, a la buena voluntad patriótica, al buen sentido de los uruguayos.

¿Quién podría decir otra cosa de estos dirigentes políticos? ¿Qué reproche se les podría formular sino su buen criterio y su hombría de bien?

Como expresión de la monstruosa lógica del Estado terrorista ha sido por esa condición de símbolo de la acción política y de líderes populares que ambos legisladores fueron ultimados.

La extrema crueldad del crimen, la violencia de la vesanía desatada contra seres humanos indefensos, era el bestial anuncio de los tiempos que se iniciaban: en el asesinato de aquellas dos figuras estaba contenida la amenaza a todos los políticos, a todos los opositores, a todos los que se resistieran a la paz de los sepulcros que la dictadura intentaba implantar.

Vale la pena decir, de paso, que la llama que Zelmar y el Toba representaban, la que encarnaba la libertad, la democracia, el respeto a la ley y a los derechos humanos, esa llama y esos valores siguieron moviendo voluntades de orientales.

Y aun después de la trágica noche del 18 de mayo de 1976 y de las atroces revelaciones del día 20, siguió habiendo uruguayos que mantuvieron la lucha y la resistencia.

El paso ahora dado por las autoridades apunta a determinar las responsabilidades «intelectuales» o «ideológicas» de aquellos crímenes.

Al hacerlo, al cursar los informes respectivos a los ministerios del Interior y Defensa, al pedir informes a la Justicia argentina y a los archivos de los servicios de los Estados Unidos que poseen documentación sobre el asunto, se está dando un paso para reencontrarnos con aquellos símbolos y con aquel momento, para reencontrarnos con aquel tramo del dolor uruguayo que se llama Zelmar y se llama Toba.

Volver a ellos es recuperar un aspecto de nuestra identidad como pueblo, un aspecto doloroso y sombrío de nuestro pasado reciente. De ahí la importancia humana, afectiva y simbólica de estas decisiones. *