El informe preliminar sobre desapariciones

El pasado miércoles 30, la Comisión para la Paz, a través de una exposición del representante de la Presidencia de la República, entregó al doctor Jorge Batlle el informe preliminar sobre personas desaparecidas, o presuntamente desaparecidas, como dice el informe.

Es el resultado de un esfuerzo de más de dos años que en su momento suscitó una amplia gama de apoyos y, al mismo tiempo, de expectativas.

El informe preliminar será seguido por otro informe que se entregará a los familiares y estará referido a los restos de las personas acerca de cuyo destino la Comisión indagara a lo largo de estos casi dos años de trabajo.

La Comisión para la Paz –fruto de una decisión presidencial que, por primera vez en la vida reciente del país, dio reconocimiento oficial a la existencia de unos cientos de ciudadanos desaparecidos– tuvo que actuar en medio de una dificultad importante, de hecho decisiva.

Si bien contó con un apoyo importante en la sociedad civil y política, los designados por el doctor Jorge Batlle no parecen haber encontrado el más mínimo apoyo en los funcionarios militares que, directa o indirectamente, han tenido relación o conocimiento de los temas de que se trata. Visto a través de esta perspectiva, que no aparece explícitamente enunciada en el informe, se explican las claras expresiones del familiar de un detenido desaparecido cuando, como lo registra en su edición de ayer LA REPUBLICA, expresa: para la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos el documento no aporta ninguna novedad a las informaciones que ya tenían (los familiares).

También importa consignar que «la organización rechaza cualquier resolución que declare muertos a sus familiares y mantiene su posición de declararlos ausentes por desaparición forzada».

La idea de resolver de este modo la cuestión de los desaparecidos, sobre la base de declarar que han muerto, han sido cremados y sus cenizas arrojadas al mar ha suscitado un conjunto de opiniones adversas. Para el vocero de familiares, tal versión coincide con los intereses de los ejecutores de las desapariciones y constituyen, por tanto, más que una información, una versión interesada.

Tomada en su conjunto, la información adelantada el miércoles aparece como bastante escueta, con un desarrollo muy restringido de los datos que se proporcionan, sobre todo en relación a algunos casos sobre los que existen testimonios de otros presos, que vieron a los detenidos desaparecidos en manos de sus captores y que ya han sido publicados. En fin, tratándose de un informe que ha sido calificado de preliminar, cabe esperar que nuevos repertorios amplíen la masa de datos que ahora se ponen en conocimiento del Presidente y del público.

Finalmente, y a propósito de una parte del contenido del documento, vale la pena consignar que la Comisión considera confirmadas 26 de las denuncias realizadas en razón de que existen elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten asumir que las personas que se nombran en el Anexo 1 «fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales, fueron sometidas a apremios físicos y torturas en centros clandestinos de detención y fallecieron finalmente, en definitiva, sea como consecuencia de los castigos recibidos –en la enorme mayoría de los casos– o como consecuencia directa de actos o acciones tendientes a provocar su muerte en algún caso excepcional.»

Vale la pena preguntarse, ¿cuál será el destino de una información como la mencionada en este numeral del informe del 30 de octubre?

Este reconocimiento de la existencia de las torturas hasta la muerte, y de ejecuciones, que siempre se habían negado, ¿se incorporará al discurso oficial?

Dado que el Documento del día 30 procede de una comisión nombrada por el Presidente, la existencia de asesinatos y de ejecuciones, que de eso se trata, ¿se incorporará a las referencias que sobre la actuación de la Fuerzas Armadas se hacen de las tribunas oficiales? ¿Se incorporará a los planes de estudio y a los libros de la historia oficial? *