IVA a la salud: una desprolija política tributaria

 

La historia de la imposición a la salud empieza en el año 2000 en oportunidad del debate y aprobación del artículo 561º de la Ley de Presupuesto. Dicho artículo grava con la tasa mínima del IVA (14%) a los servicios de salud humana.

El Encuentro Progresista-Frente Amplio no votó dicho impuesto considerando un conjunto de argumentos que tenían relación con: a) la incidencia negativa que sobre la prestación de dichos servicios de salud  un derecho humano fundamental– tendría la aplicación de un impuesto que necesariamente aumentaría el costo al usuario. b) La naturaleza injusta y regresiva del instrumento elegido ya que está demostrado que el IVA afecta proporcionalmente más a los hogares con menores ingresos y menos a los de mayores ingresos. c) Las exoneraciones que contenía dicho impuesto agregaban un elemento de distorsión dentro del sistema, beneficiando a algunas instituciones o servicios y perjudicando a otros. d) El sistema de descuento del IVA compras agravaba las «asimetrías» que hoy existen en el sistema entre instituciones que tienen diferentes formas y grados de tercerización en sus servicios.

Un informe que analizaba correcta y pormenorizadamente el impacto negativo de la implementación del IVA (14%) a la salud fue elaborado por el doctor Santiago Pereira Campos y los contadores Félix Abadie y Diego Carve. Creemos que dicho análisis en la mayoría de sus conclusiones es absolutamente aplicable a la última propuesta del Poder Ejecutivo de un IVA (10%) a los servicios de salud.

En marzo del año 2001, a poco de andar aquel IVA a la salud y aún sin entrar en vigencia efectiva, fue derogado y sustituido por un impuesto específico del 3%, llamado Imessa que entró en vigencia el 1º de abril del año 2001. Este hecho no hizo más que corroborar nuestras predicciones de que era imposible aplicar a los servicios de salud un IVA del 14%, sin generar situaciones traumáticas sobre el conjunto del sistema las que, a su vez, afectarían a los usuarios y reducirían la cobertura de salud que tenemos los uruguayos.

El Encuentro Progresista-Frente Amplio votó dicho impuesto por tres razones: a) porque no votarlo implicaría el mantenimiento del IVA (14%), b) porque significaba una menor incidencia sobre el costo al usuario de los servicios (3%), c) porque no discriminaba como el IVA a las empresas según su estructura, o sea la diferente relación entre servicios propios y servicios tercerizados.

Sin embargo, cuando el Imessa llevaba apenas un año de implementado y sin derogarlo, el 29 de mayo de 2002 se aprobó un impuesto adicional sobre la salud, el IVA al acto médico que grava con 23%, a los honorarios profesionales derivados de la prestación de servicios vinculados a la salud de los seres humanos. En la llamada Ley de Estabilidad Fiscal se necesitaban más recursos y nuevamente se recurrió como fuente de ingresos impositivos a la salud.

Pero no es verdad que ahora estemos en la disyuntiva de votar este IVA del 10% o que permanezca el IVA del 23% al acto médico, que es un doloroso impuesto, quizás el peor de todos, el que mayor distorsiones puede traer, el que genera mayores dificultades para el sistema de salud y que no puede ser aplicado. Y no se ha intentado hacerlo cuando ya han transcurrido muchos meses desde su aprobación, porque nadie se anima a aplicar un impuesto de esa magnitud que traería sobre la salud los efectos económicos y sociales que todos sabemos. Es más, todos los meses lo suspenden y ello se debe a que nadie en su sano juicio puede aplicar un impuesto de ese tenor.

Ultimamente el gobierno pretendió modificar el monto de ese gravamen por otro de base más amplia y con una alícuota del 10% enterrando el IVA del 23% a los honorarios profesional. Ahora el ministro de Economía, según ha manifestado, estaría dispuesto a eliminar el último proyecto, obviamente, por carecer de votos en el Parlamento para su implementación, e incrementar al 5% el Imessa, que está vigente y que significa una aportación del 3%.

El cambio es tranquilizante para este sector que se encuentra sufriendo los embates de una crisis muy profunda, por razones propias, a las que se suman los hechos vinculados a la situación catastrófica que vive el país.

Al absurdo de un IVA del 23%, inaplicable, como sostuvimos en su momento, pero que contó con los votos de la coalición de gobierno, se lo quiso modificar ampliando su base y llevándolo al 10%, tema al que también nos opusimos, ya que su aplicación hubiera profundizado la crisis.

Sin embargo las condiciones políticas del país se están modificando, lo que se está comenzando a expresar en la carencia de votos para que el gobierno pueda imponer sus ideas.

Ello desemboca en un planteo más racional y menos traumático.

Una corrección en el Imessa, extremo que todavía no hemos considerado, muestra que se ha ingresado en un camino distinto, menos ideologizado y algo más pragmático. *