El campanazo del juez Cavalli

El impacto provocado por la decisión del juez Cavalli procesando con prisión a Juan Carlos Blanco muestra que las cosas no estaban tan «en orden» como se pretende.

En realidad, sólo desde la óptica de un ilusionista que termina por creerse sus propios sortilegios, alguien podía pensar que la impunidad en Uruguay iría a ser eterna. Eterna y para todos. Infinita y abarcando todos los delitos.

Bien pensada, tal impunidad es un delirio. Una ofuscación nacida de la soberbia.

¿Cómo podría durar para siempre una impunidad así, tan exhaustiva, tan arrolladora; una impunidad que concierne a delitos que afectaron a todo un pueblo?

¿Lo fue acaso para Pinochet y para Videla?

Es cierto que en casi todas partes hay criminales de guerra que han evadido la Justicia. En Argentina y en Chile. Y también en Francia y en Italia no faltan quienes colaboraron con el fascismo y el holocausto y lograron zafar.

Lo que vuelve insólita la situación uruguaya es que no haya habido un solo procesado. Que ningún delito, aun los más repugnantes, haya merecido sanción de la Justicia. Y que esto dure ya más de diecisiete años de vigencia de la democracia y el Estado de Derecho.

Un hecho sencillo –el procesamiento con prisión de Blanco– nos arroja luz a todos acerca de la persistencia de la impunidad como hecho político y hasta cultural.

Es espantoso reconocerlo pero casi nos estábamos acostumbrando a la impunidad.

Blanco es ahora el procesado 253.475. Está entre rejas desde hace una semana. Se han soltado algunas amenazas pero todo parece indicar que en la sociedad uruguaya queda cada vez menos margen para arreglar las cosas con rugidos y compadradas. Sobran el malestar y la bronca y una parte creciente de la población le cree cada vez menos al gobierno.

A la luz de esta nueva realidad, que mostró que era posible la justicia, la reflexión sobre el tema asume un urticante interés.

Obsérvese que, en el período de la transición de la dictadura a la democracia y en los primeros meses de funcionamiento del Poder Legislativo, nadie se atrevía a decir que no se iban a producir procesamientos y penalizaciones.

La «sensatez» de la transición uruguaya era que no se iba a castigar a todos los militares responsables de torturas y demás violaciones a los derechos humanas.

La otra cara de esa afirmación –sostenida por la izquierda, el Partido Nacional e incluso por todo el Partido Colorado con excepción del pachequismo– era que algunos crímenes iban a ser investigados y sus responsables juzgados por la Justicia ordinaria.

Esos delitos, paradigmáticos, con un muy alto contenido emocional y simbólico, en 1984 y 1985, eran el secuestro y desaparición de los niños, el secuestro de Elena Quinteros, el asesinato de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Sonia Barredo y William Whitelaw.

Sobre la cuestión de las desapariciones resulta evidente que se pretendía avanzar en la búsqueda de la verdad. Es difícil determinar hasta dónde estaban dispuesto a llegar el sanguinettismo y sus aliados. Pero es evidente que no se planteaba lo que vino después: cero informe, ninguna verdad y ni un átomo de justicia.

Pese a los esfuerzos desarrollados por familiares y grupos solidarios, la situación cero verdad y cero justicia se prolongó durante los diecisiete años siguientes. Eso es lo que se terminó y no es algo menor.

El campanazo del juez Cavalli no ha resonado sólo para las derechas, para los impunes y sus aliados. Esas campanas también doblan para nosotros y para todos los que antes del alba negamos tres veces que la justicia fuera posible.

No es una lección chica la que se desprende.

Y sería prudente no apurarnos a decir ya que la hemos aprendido. *