Justicia y responsabilidades

 

«No existe nota de cargo, anotación u otro elemento indicativo de trámite ulterior en Presidencia, habiendo sido entregado a la misma, según recibo que tendría el Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre mediados de noviembre de 1989. En el día de ayer el Ministro Interino de RREE le comunicó al suscrito que tal expediente estaba radicado en esta Presidencia, hecho que no constaba ni formal ni informalmente.»

El suscrito que firma esta nota es el Dr. Pablo García Pintos, secretario de la Presidencia en esa fecha 8 de junio de 1990 cuando era presidente el Dr. Lacalle. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa?

El Memorándum Secreto había llegado a nuestras manos en mayo del 90. Más allá de lo brutal del texto, no sabíamos que era eso. Lo difundimos por la prensa. Tota lo solicitó, luego una entrevista con el Dr. Lacalle, que le fue concedida. Ahí se le informa que efectivamente ese Memorándum es la prueba central de una Investigación Administrativa (201/87) (realizada por la Dra. María del Luján Flores de Sapriza) que pone a disposición. Nos reciben en el Ministerio de RREE y allí descubrimos que es una tupida investigación de 1.250 folios. Que se inicia el 11 de agosto de 1987 y concluye el 21 de agosto de 1989. Demora ese tiempo porque si uno lee atentamente la excelente investigación de esta funcionaria, puede apreciar que dentro del Ministerio hay una acción permanente de boicot a la misma. Ella tiene que recurrir varias veces al ministro Iglesias para que le entreguen varias cosas. La insistencia, la voluntad y la habilidad técnica triunfan. Insólitamente, ella encuentra el manuscrito del memo, de puño y letra del embajador AlvaroAlvarez. La pericia caligráfica que hábilmente solicita es contundente. El autor material del manuscrito luego vende a sus amigos y declara que fue ordenado por Blanco y confeccionado también junto a Lupinacci y Michelín Salomón.

Terminada la investigación la Dra. Flores envía la investigación realizada al amparo del artículo 4º de la ley de impunidad a Presidencia. ¿Qué es lo que allí ocurre?¿Por qué duerme en los cajones? Es lo que se pregunta el Dr. García Pintos que con es nota que dirige a la Asesoría Jurídica de Presidencia, queda incorporada al expediente. Con ello deslinda sus responsabilidades por la existencia de ese expediente que había quedado guardadito en un armario para descansar con el sueño de la impunidad. Por otra parte la administración del Dr. Lacalle, en ese sentido, actuó en forma limpia aunque también omisa, porque debería tramitar el tema a la Justicia. ¿Quién era el responsable que debería haber recibido «formal o informalmente» esa investigación? ¿Quién no elabora «nota de cargo», anotación u otro elemento de trámite? ¿Quién lo cajonea? La Secretaría de Presidencia en octubre de 1989 la ejercía el Dr. Miguel Angel Semino, presidencia de Julio María Sanguinetti.

Esto es importante. Porque la defensa de Juan Carlos Blanco (y todo el coro colorado) intenta usar, ahora, el tiempo que transcurrió a su favor. Buscando la prescripción, intentando, vanamente, inducir a la conclusión de la muerte porque ya pasaron 26 años.

El tema de la prescripción o no lo debatiremos en los tribunales. La reacción de los «amigos» de Blanco es de una casta de intocables y no de republicanos convencidos.

El escribano Stirling dice conocerlo y le parece improbable que J. C. Blanco sea un terrorista de Estado. No importa su opinión. Lo central es el fallo de la Justicia. No importa la «conversación telefónica» que arguye el Dr. Ramela. ¿Así se actúa en otras cosas? Lo importante es la prueba.

El asesinato de Elena (no el «fallecimiento») deben ser probados por la técnica forense y no consensuados como pretende el Dr. Ramela. Si ello fuese probado, tendríamos que analizar e incorporar a la causa penal todos los procedimientos que colaboraron con el ocultamiento de las pruebas. Incursos en faltas graves y/o delitos. Porque en el año 1989, si el entonces secretario Dr. Semino hubiese procedido fielmente, habríamos ganado 13 años.

El Dr. Semino es correligionario del Dr. Blanco. Defensa corporativa, irracional, de casta, que hoy expresan muchos dirigentes colorados. Incluido el ministro Fau, que no sólo votó en contra de la Ley de Caducidad, sino que integraba el Nuevo Espacio cuando su ex correligionario Carlos Cassina elaboró un impecable y contundente informe en el Senado donde solicitaba el juicio penal para Blanco, Lupinacci, Michelín Salomón y Alvarez.

En el año 90 se presentó la causa iniciada por los senadores del FA cuando los votos blancos y colorados salvaron impunemente a Blanco en el Senado. Luego lo firmamos cerca de 300 personas interesadas en que se hiciese justicia. Habría que fijarse si la firma de Yamandú Fau no está entre los demandantes. *