Derechos jubilatorios de los destituidos

 

Con la misma firmeza que defendí la aprobación de la Ley 17.449, que abría una perspectiva para miles de trabajadores privados afectados por la dictadura de reconocimiento de los años de destitución, exilio o prisión, de sus derechos jubilatorios, hoy quiero sumarme a la advertencia de la grave lentitud con que se vienen resolviendo los trámites de los 2.850 ciudadanos que se presentaron.

Hasta la fecha, apenas un 2,60% de los casos ha sido resuelto positivamente y 40 expedientes negativamente.

Sí, un mínimo de 4% de los expedientes ha culminado el proceso de evaluación.

A este ritmo, cientos de casos podrían quedar fuera de los plazos.

Es imprescindible un análisis exhaustivo de esta situación, para que este proceso no culmine con una grave frustración para cientos de familias.

Estaríamos ante una doble afrenta. La primera bajo dictadura, pero la segunda ahora, en democracia.

Cuando se advirtió de las dificultades que tenía el texto aprobado en cuanto a la presentación de pruebas documentales y de los certificados de organismos estatales, pensamos que se agotarían los procedimientos para flexibilizar la situación y encontrar caminos viables para el reconocimiento.

A esta altura los hechos nos demuestran que no ha sido así.

El Parlamento, que fue quien votó la ley, debe tomar cartas en el asunto y no esperar que culminen los plazos administrativos, simplemente para constatar su fracaso. Con fecha 5 de agosto, mediante la Ley 17.525, se prorrogaron los plazos, tanto de presentación, 90 días más hasta el 26 de agosto, como de análisis de los casos, agregando 120 días más, lo que lleva a 270 días desde la presentación del expediente inicial.

La Comisión Especial, que actúa bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, debe realizar un informe detallado de la marcha de los acontecimientos y cuál es su previsión para culminar su trabajo.

Porque lo grave es que la ley no obligaba a la Comisión a expedirse caso por caso, sino que se daba el extremo que el no estudio configuraba una resolución tácita por la negativa.

En momentos que el BPS está realizando economías a diestra y siniestra, hoy lo vemos dolorosamente con los minusválidos, al margen de la justicia o la injusticia de los casos, me temo que miles de destituidos por la dictadura caigan bajo la guillotina de la escasez de recursos, para que no le sean reconocidos sus derechos jubilatorios.

Es hora de llamar a responsabilidades y no guardar silencio frente a esta crítica realidad .

El Parlamento debe tomar cartas en el asunto y recibir un informe detallado de la marcha de las resoluciones y de las previsiones para cumplir en plazo el análisis de los 2.850 expedientes. *