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Jamás se nos ocurriría cuestionar la emisión de una opinión contraria al fallo judicial por el que el ex canciller Blanco fue procesado: la libertad de expresar el pensamiento, de opinar, de disentir, es algo cuyo respeto siempre hemos exigido y defendido a ultranza; nada diríamos, por tanto, si el editorial se hubiera limitado a señalar sus discrepancias con el fallo.

Lo que es perfectamente fuera de lugar e indigno de gentes civilizadas –y especialmente indigno de un periodista– es el insulto gratuito (y pretendidamente humorístico) en que cae el editorialista, al sugerir que el magistrado hace honor a su apellido (Cavalli en italiano significa caballos), dando a entender que su comportamiento es el de una bestia.

No hay un solo argumento jurídico esgrimido por el editorialista para –con respeto– refutar la tesis de fiscal y juez. Es inadmisible que ante esa falta de argumentos, se haya recurrido a una grosera descalificación.

Y lo que resulta lamentable es la referencia a don Emilio Frugoni, cuyas célebres ironías surgían al calor de la polémica y del debate parlamentario y estaban dirigidas a sus pares; sus chispazos de ingenio –muchas veces vitriólicos– no eran producto de la reflexión ni de la serenidad con que un editorialista debe elaborar sus escritos.

Este insulto cobarde hacia un magistrado judicial es una afrenta a un Poder del Estado que, entre otras cosas, se caracteriza por el hecho de que sus integrantes no frecuentan tribunas ni entran en polémicas públicas.

Pretendiendo descalificar a un funcionario, El País se ha descalificado a sí mismo. *