El capítulo uruguayo del caso Berríos

El sobrecogedor relato contenido en la sentencia de la jueza chilena Olga Pérez no tiene nada que envidiarle a las novelas de John Le Carré.

Tal como sucede en las obras de ficción del inglés, en el largo episodio de los crímenes, complicidades, secuestros y muerte de Eugenio Berríos, el entrelazamiento entre los grupos mafiosos y el Estado es estrecho, la crueldad de los protagonistas es infinita y los civiles y militares que participan en el juego pisotean todas las leyes humanas y divinas que se interponen en el cumplimiento de sus propósitos.

Es el aparato del Estado asesino, que coordina más allá de fronteras, que fabrica gases capaces de matar personas o planea contaminar las aguas de una gran ciudad como Buenos Aires.

Tal como lo describe en un lenguaje seco y preciso la sentencia de la jueza chilena Olga Pérez, en Berríos y sus alrededores, tanto en Chile como en Uruguay se entrelazan una serie de líneas de acción criminal que unen a los extremos más dispersos del planeta: desde la ciudad capital de Washington, donde fue ultimado Orlando Letelier, figura importante de la oposición política a Pinochet, hasta la Bagdad actual bajo Saddam Hussein, adonde podrían haber llegado los siniestros ingenios elaborados por la DINA en cuyos cuadros revistaba Eugenio Berríos.

El problema es que, en Uruguay, el relato de estos episodios truculentos nos coloca ante algunas realidades inquietantes.

Es bien cierto que se podría hacer lo que han hecho buena parte de los operadores políticos y judiciales en el país, hacerse el distraído. Mirar para otro lado. Pero ése no es el estilo de la casa.

Si bien es un notorio triunfo de la verdad y la justicia el procesamiento de los asesinos de Berríos en Santiago de Chile, como contrapartida es de una gravedad manifiesta que la Policía y la magistratura chilena hayan logrado en dos años aclarar un episodio sobre el cual en nuestro país en diez años no se ha avanzado nada.

La reconstrucción de los sucesos de 1992 deja muy mal parado al gobierno de la época presidido por el doctor Luis Alberto Lacalle: la autonomía desplegada por los militares uruguayos, Tomás Casella y Eduardo Radaelli, su connivencia operativa con los criminales chilenos de la DINA, y después su voluntad de obstaculizar la acción de la Justicia de aquel país en relación al asesinato de opositores al régimen de Pinochet, muestran una cara a menudo oculta de la realidad del país.

En aquel momento, tal como lo expresara el entonces canciller de la República, el doctor Sergio Abreu, «frente a la presión de los militares uruguayos, Lacalle había tenido, una vez más, que doblar el pescuezo».

La participación uruguaya en las conspiraciones de la DINA que culminaron con el ahora probado asesinato de Eugenio Berríos, se produjo varios años después de aprobada la ley de caducidad y demuestra hasta qué punto este instrumento legal no había servido para resolver la depuración de las Fuerzas Armadas.

La compleja ingeniería que construyó la impunidad de los militares uruguayos en los años noventa ha seguido operando: pese a la gravedad de los delitos, con la excepción de uno de ellos, todos los militares uruguayos asociados a la DINA siguen en carrera, incluso participando en la conducción de las Operaciones de Paz de Naciones Unidas en el Congo.

El lamentable enervamiento de la Justicia uruguaya en el episodio, pone de manifiesto la amplitud de la conspiración contra las leyes que se ha construido en nuestro país. *