Una vez más, el problema de la vivienda

La fotografía de una joven mujer que, con sus tres hijos, era objeto de un lanzamiento judicial mostraba con especial expresividad el drama vivido por esa familia. El hecho ocurrió hace pocos días en el complejo habitacional de Millán y Lecocq, y de él LA REPUBLICA informó con destaque.

El desalojo de un grupo familiar es siempre un hecho doloroso. Resulta penoso que seres humanos sean obligados a abandonar la vivienda donde residen, el hogar que conformaron y que tenían la esperanza de que fuera para siempre. El derecho a una vivienda decorosa, a un techo y cuatro paredes que nos protejan de la intemperie y que a la vez preserven nuestra intimidad (el hogar, es decir el fuego familiar) es uno de los derechos humanos más elementales, consagrado en la Declaración de 1948 y recogido en nuestra Carta Magna en su artículo 45 que reza textualmente: «Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa».

Al igual que muchos otros preceptos constitucionales, esta norma no pasa de ser una mera expresión de deseos o de buenos propósitos y se ha convertido en letra muerta a medida que la crisis fue generalizándose y profundizándose hasta los extremos actuales. Corresponde reconocer que los gobernantes se han ocupado del problema y que muchas de esas preocupaciones e iniciativas se plasmaron en leyes. Pero la vivienda no podía permanecer como una isla en medio del deterioro creciente que sufrían el país y su gente. Los préstamos instrumentados a través del Plan Nacional de Vivienda y de otros mecanismos permitieron el acceso de vastos sectores de clase media y media baja a esa vivienda decorosa de que habla la Constitución, al tiempo que constituyeron un formidable impulso a la industria de la construcción.

Pero la crisis que saqueó los bolsillos de los asalariados cuando no los empujó directamente al desempleo, hizo que un alto porcentaje de quienes habían accedido a su vivienda y estaban pagándola mes a mes empezaran a atrasarse en sus cuotas. Esa realidad hizo que la morosidad creciera y que el Banco Hipotecario –como cualquier acreedor, de acuerdo con las normas legales al respecto– recurriera a la Justicia y procediera a entablar juicios contra sus clientes morosos.

Nos consta que el banco estatal agotó todos los recursos posibles para evitar el lanzamiento, y que el procedimiento por el cual una familia de Millán y Lecocq fue desalojada y despojada de su vivienda –más allá del despliegue policial– es inobjetable desde el punto de vista jurídico. Pero este hecho debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de resolver el problema no sólo mediante la Justicia sino, sobre todo, con justicia. *