Otra vez los militares y la lucha antiterrorista

Los atentados criminales del 11 de setiembre del pasado año han generado un ciclo de iniciativas militares uniformemente acelerado.

Con Bush al timón y los Estados Unidos como buque insignia de una cruzada mundial contra el terrorismo, ninguna región del planeta ha dejado de sentir los efectos de la nueva situación creada.

Nuestro país no es la excepción en un continente donde la presencia de la fuerza armadas de los Estados Unidos ha sido más o menos permanente desde principios del siglo XX.

Esa situación latinoamericana tiene hoy un epicentro en el llamado Plan Colombia, donde la presencia militar de los Estados Unidos pretender desequilibrar el largo conflicto armado que sacude ese país desde la década de los cuarenta.

En el cuadro mundial de las reacciones norteamericanas a los atentados terroristas nuestro país aparece con su destino estrechamente ligado a los requerimientos y necesidades del «hermano mayor».

Sucede que en nuestro país el llamamiento a «una respuesta rápida a la amenaza terrorista» se da en el contexto del desarrollo de sus propias circunstancias, con unas fuerzas armadas a las que todavía la sociedad interroga infructuosamente acerca de sucesos trascendentes del período de la dictadura y en las cuales, con demasiada frecuencia, aparecen reivindicaciones de lo actuado durante el proceso y sustentos doctrinarios de las concepciones de la Seguridad Nacional permanentemente invocada durante el período del terrorismo de Estado. Un terrorismo este último, por supuesto distinto al que ahora se combate, que en el Río de la Plata se conoce bastante bien.

Fue justamente en aras de la lucha contra la «subversión y el terrorismo» que se desarrolló el opresivo chaleco de fuerza que estrujó a estas sociedades durante más de una docena de años.

Es en la intersección de esas dos realidades, la que viene del campo internacional y la que el país hereda de unos contenciosos del pasado mal resueltos, que se ubican las recientes declaraciones del comandante en jefe del Ejército, general Carlos Daners.

En una entrevista publicada en El Observador el miércoles 16, el jerarca castrense, al tiempo que daba cuenta de una serie de innovaciones «técnicas» desarrolladas por la fuerza de tierra ante un eventual ataque terrorista, realizó algunas consideraciones de naturaleza jurídica que resulta imprescindible examinar.

Para el general Daners «si bien los militares entienden que las leyes vigentes ya les encomiendan la lucha contra el terrorismo, para precisar su actuación en el marco jurídico nacional el Ejército presentó al Ministerio de Defensa Nacional un proyecto que establece y regula los cometidos de las nuevas unidades antiterroristas».

Agregó que estas unidades, o grupos, para actuar precisan un marco legal.

De acuerdo a la información que brinda el jerarca, ya se encuentran actuando una serie de «unidades especiales» de este tipo, como una unidad de detección de explosivos con perros entrenados a esos efectos, la denominada Grupo de Perros de Trabajo K9.

Complementariamente, actúa el EDAT, Equipo de Desactivación de Artefactos Terroristas, «una unidad especial del Ejército cuya actuación tiene alcance nacional por un decreto de la Presidencia de la República».

Otra «variante estratégica se ha conformado desde principios de este año, la Fidri, Fracción Inicial de Respuesta Inmediata, que funciona en todas las unidades militares, que permiten una pronta y flexible intervención ante un acto terrorista».

Como se puede apreciar desde el Poder Ejecutivo, tanto de la Presidencia como del Ministerio de Defensa Nacional, se ha avanzado mucho y rápido.

La remisión de las leyes mencionadas al Parlamento no debiera demorarse más. Será el momento para examinar en profundidad todas las implicancias legales y constitucionales de las medidas propuestas.