¿De qué seguridad jurídica se habla?

El tema de los deudores en dólares parece complicarse. Y ello ocurre porque hay personas que todavía viven una irrealidad y creen que en economía hay leyes que se pueden manejar utilizando tan sólo la voluntad.

Lo decimos porque es objetivamente imposible pensar que la mayoría de los deudores, engañados por la prédica de un gobierno que los invitó a endeudarse en dólares, golpeados por la profunda recesión y la devaluación, estén en condiciones de cumplir con los pagos establecidos.

El proyecto presentado por el diputado Carlos Pita, abriendo un compás de espera para dilucidar el enfrentamiento con los acreedores, parecería un camino idóneo para que finalmente se acuerde una solución justa. Dejar las cosas como están, permitiendo que la mayoría no pague convirtiéndose en morosos, y los otros, utilizando el peso de lo establecido en los contratos, comiencen a ejecutar las garantías, sería el comienzo del fin. El mecanismo de no innovar en el tema, sin establecer plazos adecuados, determinará crecientes enfrentamientos en el marco de una sociedad que, seguramente, no resistiría una situación de esas características.

¿O acaso en el gobierno hay quienes piensan que los deudores están en condiciones de pagar con el dólar en los actuales valores? Claro, desde el Ministerio de Economía se maneja que, en definitiva, el dólar no ha saltado mucho más de lo previsto y que, entre el nivel actual de la divisa y el que existiría si todavía se aplicara el mecanismo de las bandas de flotación, la diferencia no es más que un 30 por ciento.

Ese argumento no es de recibo, porque para mucha gente ese porcentaje – si fuera real – es mucho dinero. Además está el tema del engaño a que fue inducida la gente, cuando tanto el presidente de la República, como el vicepresidente, le aconsejaron endeudarse en dólares, sosteniendo que se mantendría inalterable la política cambiaria.

Pero hay más elementos. Estos surgen de las contingencias de la crisis. Los deudores son habitantes de este país, que están soportando también las contingencias de la recesión, de la profunda crisis en que estamos inmersos los uruguayos. Por ello todos saben muy bien, más allá de la voluntad de gobernantes, deudores y acreedores, que muchos, quizás la mayoría, no podrán pagar sus deudas.

Dejar las cosas como están será trágico para el país. Los bancos y empresas acreedoras tratarán de fagocitar a los deudores en un enfrentamiento sin fin, en que se sucederán embargos, movilizaciones, tragedias de toda índole. Muchos perderán todo y, en este país en crisis, ¿podrán rehacerse?

Es evidente que uno de los elementos esenciales que hacen al buen funcionamiento de un país es la seguridad jurídica. Pero los observadores de la realidad han constatado diferencias que surgen a cada momento, en cada tramo de nuestra historia. Uno de esos ejemplos está dado por el apoyo irrestricto que el gobierno le dio a la banca, incluso luego de que se verificaran actos delictivos. Allí no se preguntó cuál era el destino del dinero que se colocaba en el barril sin fondo. Fueron más de mil millones de dólares que se esfumaron.

¿De qué seguridad jurídica se habla? Ahora, cuando el país está en una crisis profunda, el ingreso se redujo, creció la inflación, mucha gente perdió el empleo y comerciantes e industriales tratan a duras penas de sobrevivir, que haya quienes defiendan la vigencia de los contratos parece un chiste macabro. La seguridad jurídica se defiende con la aprobación de la norma realista, adecuada, que contemple a unos y a otros, abriendo un compás de espera para la dilucidación definitiva de la contienda. *