Caso Berríos: la verdad debe aflorar

En los últimos días se ha anunciado la voluntad de la justicia chilena de interrogar a los oficiales uruguayos vinculados a la presencia, desaparición y muerte en Uruguay del químico Eugenio Berríos, un agente de la DINA de tenebrosa trayectoria durante la dictadura chilena.

El episodio de Berríos ha provocado no sólo sendos procedimientos judiciales en Chile y Uruguay sino que se ha constituido en una suerte de paradigma, en el que se ha concentrado una serie de realidades explosivas.

En nuestro país, donde el expediente judicial no ha avanzado prácticamente nada, existen sin embargo un sinnúmero de investigaciones periodísticas como las realizadas y publicadas por Samuel Blixen.

Las relaciones del turbio periplo de Berríos con el asesinato del ex presidente chileno Eduardo Frei Montalva ha dado lugar en Chile a muchas investigaciones y al libro del periodista Jorge Molina Sanhueza «Crimen imperfecto, historia del químico de la DINA, Eugenio Berríos».

En Uruguay, además de las investigaciones sobre el caso realizadas por periodistas independientes y activos, se ha publicado recientemente una obra que reviste especial significación acerca de cómo se manejó la información referida al episodio.

El libro de Roque Faraone y Robin Cheesman, publicado recientemente por la Universidad de la República sobre el tema constituye una verdadera radiografía de cómo se generó una información errónea, se desinformó y se manipuló la información en torno al caso.

En cuanto a lo que ahora hay de nuevo en el asunto, en forma muy resumida, se puede decir que las investigaciones sobre la trayectoria de Berríos como hombre de la DINA y agente del terrorismo de Estado chileno lo han vinculado a la muerte de Frei, presumiblemente envenenado como resultado de las maniobras criminales de la DINA.

Según una nota de Víctor Osorio publicada en la revista Ercilia, la investigación del asesinato del químico de la DINA pareció experimentar sus primeros resultados concretos el pasado 23 de agosto, cuando la magistrada Olga Pérez, del Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, quien tiene a cargo las pesquisas, resolvió ordenar la detención de dos oficiales de Ejército.

Los detenidos fueron el comandante en servicio activo Pablo Rodríguez Márquez, adscrito a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), y el teniente en retiro Raúl Lillo Gutiérrez.

De las declaraciones prestadas, se sabe que los militares habrían confirmado que el general (r.) Hernán Ramírez fue quien dio la autorización para sacar de Chile a Berríos, en 1991, cuando era requerido por la justicia para tomar su testimonio en la investigación del asesinato del ex canciller Orlando Letelier.

De acuerdo con el avance del proceso, la jueza chilena Olga Pérez no habría logrado establecer un nexo claro entre la salida de Berríos de su país y el equipo que participó en la operación, y su posterior homicidio en Uruguay.

El cadáver del químico fue encontrado en 1995, en la playa El Pinar, cercana a Montevideo, mutilado y con señales de disparos en la cabeza.

En círculos judiciales chilenos se especula que una resolución probable del caso será confirmar la responsabilidad de personal del Ejército chileno en la salida de Berríos, pero no así su muerte, la que podría ser atribuida a los servicios de inteligencia uruguayos, que colaboraron con los chilenos escondiendo al químico.

Si para la justicia y para la realidad de Chile el esclarecimiento de los episodios que rodean la vida y la muerte de Berríos tienen importancia, para nuestro país el asunto tiene también un alto significado: los sucesos se desarrollaron durante el gobierno del doctor Lacalle, en plena «democracia restaurada», siete u ocho años después de la «transición» y cuatro años después de la aprobación de la Ley de Caducidad. La conmixtión de oficiales del ejército uruguayo –protegiendo o desapareciendo a Berríos– con operadores de los servicios de seguridad chilenos quedó palmariamente probada. Pero aún toda la verdad no se conoce. *