Presos, exiliados, despedidos: ¿hasta cuándo?

 

La deuda externa, ¿quién no habla de ella? sigue creciendo. Su monto le anda pisando los talones al de nuestro Producto Bruto Interno. Hasta podemos tirar algunos números, y decir lo que debe cada uruguayo.

¿Alguien sabe cuál es la cuantía de la deuda social que generó la dictadura, por ejemplo? ¿Quién puede cuantificar, lo que significó para miles de uruguayos y sus familias, la pérdida de trabajo, cárcel, tortura, exilio y clandestinidad? Quizás algún frívolo ecónomo, ¡que los hay!, lo intente hacer.

Luego de más de 15 años, 6.200 días, y ya más de tres gobiernos democráticos, finalmente a comienzos de 2002, miles de compatriotas, ex o actuales trabajadores privados, comenzaban a vislumbrar que serían reparados de todas su penurias que durante tantos y tantos años soportaron. ¡Y soportan aún!

El ejemplo de la reparación de los uruguayos funcionarios públicos, prontamente indemnizados apenas nos libramos de la dictadura, los alentaba.

En enero de este año se vino la ley de reparación de los trabajadores privados o ex laburantes, presos, exiliados, clandestinos, durante la dictadura. Hubo un cierto desengaño. No satisfizo. Pero algo es algo. Servía.

En octubre de 2002, los problemas son otros. Todo va muy lento. Demasiado. Preocupante.

Antes que nada: las cuentas claras y el chocolate espeso. No estoy cuestionando a la Comisión Especial que estudia las solicitudes de amparo. Soy consciente de las dificultades y carencias con que trabaja. Y del escaso apoyo que recibe de algunos organismos públicos que mucho tienen que ver con el tema, y cuya lentitud para proporcionar información resulta exasperante, propio de nuestra tradicional burocracia. Lo que nos rechina. Se trata de la vida actual y futura de miles de uruguayos.

Dos mil ochocientos setenta y cuatro uruguayos solicitaron amparo. ¡Se ha resuelto menos del 3%! Y no estoy hablando de resoluciones favorables o desfavorables. Simplemente: resoluciones.

Las cifras que son de 15 días atrás, están muy lejos de las expectativas. Y de las desventuras de tantos compatriotas. Muchos sienten que se les acaban los tiempos. Varios han quedado por el camino. ¡Vivan todos ellos!

Claro, se nos dirá que desde un punto de vista estrictamente formal, que si vencen los plazos sin resolver, los perjudicados tienen derecho a presentar los recursos administrativos correspondientes. Y jurídicamente hablando, sin duda que es así.

Pero, ¡por favor! Los que nos movemos en el campo del derecho ante los organismos públicos y la Justicia, sabemos perfectamente lo que significan los plazos, las formalidades. Insisto: hay gente a la que se le agotan los tiempos.

Y quienes como «leguleyos» sabemos algunas cositas de nuestra profesión, nos preguntamos: ¿cuántos de nuestros queridos luchadores contra la dictadura podrán pagar abogado para presentar recursos? Por más que existen hermanos «leguleyos» solidarios que lo harán sin cobrar un sólo peso. ¡Vaya si existen!

Estamos preocupados. Los que fueron a parar al Cilindro Municipal, al Penal de libertad, a Punta Rieles, a los cuarteles diseminados por todo el país, a algunas casas clandestinas, etc., merecen ser reparados cuanto antes.

Uruguay, otrora avanzada social de América, orgullo de todos nosotros, no merece cargar con ese pesado fardo que significa la existencia de compatriotas que esperan que se haga justicia. Muchos de ellos se nos están muriendo o consumiendo de a poco, sumidos en el hambre, la miseria y la soledad, esperando una reparación.

¿Podemos admitir así nomás, que profesores, intelectuales y artistas, o excelentes trabajadores, innumerables jubilados que lo dieron todo por la democracia, hoy subsistan por medio de las mil y una formas de mendicidad que las calles de Montevideo y del Uruguay todo, nos muestran un día sí y otro también?

Ojalá que estas líneas lleguen a quienes pueden mejorar las cosas. *