Hacia una mayor transparencia del Estado

Desde hace ya varios decenios, y en forma acentuada durante la dictadura, el Estado uruguayo ha tendido a caracterizarse por el secreto.

La falta de transparencia de las acciones administrativas es considerablemente mayor en nuestro país que entre nuestros vecinos de la región.

Infinitos actos de gobierno permanecen en secreto.

Fortaleciendo esta tendencia, desde la prensa y el oligopolio mediático se fomenta una cultura de la desinformación. Las noticias que interpelan al sistema, esas conocen poca difusión.

Como ejemplo reciente basta mencionar la vergonzosa actitud de la prensa del sistema con relación al suicidio de un hombre en la sede del Poder Legislativo. Una noticia de este tipo, que en cualquier parte del mundo merece un tratamiento predilecto, fue prácticamente ignorada, no obstante su extrema significación simbólica. De inmediato, con la excepción de esta casa, pareció tejerse con relación al episodio una intensa red de silencios. Cultura del silencio con sus aristas referidas a las exacciones económicas de los delincuentes de cuello blanco.

El silencio y el secreto como práctica de gobierno, tal como ocurrió con el documento suscrito con el Banco Mundial por el ex ministro de Economía, con respaldo del Presidente de la República.

Frente a esas prácticas antidemocráticas ha habido y hay constantes pronunciamientos y protestas provenientes de la sociedad civil, del campo del pensamiento jurídico más avanzado, de los organismos de derechos humanos.

En filas de las fuerzas progresistas, el diputado Daniel Díaz Maynard ha desarrollado, desde hace ya bastante tiempo, su preocupación por el derecho del ciudadano a la información que acapara y retiene el Estado.

Ya en una legislatura anterior, el legislador había presentado un proyecto de ley destinado a que se hiciera la luz en los lóbregos acopios documentales del Estado.

El proyecto original sufrió algunas modificaciones que provocaron preocupación en los medios de defensa de los derechos humanos y lucha contra la impunidad.

Se establecía que sobre las informaciones de que disponía la Comisión para la Paz, que remiten a episodios de hace decenios, se instituía una extensión del secreto por otros diez años.

Esta norma no prosperó, aunque por una razón distinta a la esgrimida por los organismos de derechos humanos. Al decir del doctor Carlos Ramela, «en realidad la Comisión no posee documentos ni actas, por lo que era inútil legislar (sobre el destino) de algo que no existía».

El tratamiento en el pleno de la Cámara de Diputados incorporó otros elementos propuestos por legisladores de los partidos de gobierno y apuntan a preservar a los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior así como a la Dirección General Impositiva y de Aduanas habilitando que estas reparticiones se nieguen, con razones fundadas, a proporcionar la información solicitada.

La discusión en el Plenario de la Cámara permitió ver con cierta claridad la existencia de matices importantes en los legisladores de la coalición. El Partido Colorado, coherente con una larga tradición de promiscuidad con el poder y con el secreto, se negó a votar. Sí lo hizo, desde una señalable actitud individual, el diputado del Foro Batllista Juan Siazaro. También se pronunció favorablemente el diputado forista Alejo Fernández Chaves, pero prefirió retirarse y no votar por «disciplina partidaria».

El proyecto tal como salió de Diputados consagra un derecho ciudadano indudable a la información de lo que el Estado sabe y hace con relación a él. De acuerdo con los incisos incorporados ayer, en la norma se establecen ciertas limitaciones a ese derecho.

Acerca de estas, el tratamiento en el Senado de la República permitirá saber con claridad sus alcances. *