En defensa del patrimonio nacional

 

Un Estado lo constituye un territorio y su gente. Le puede faltar petróleo, industria, comunicaciones o energía eléctrica, pero sin un espacio geográfico concreto y un pueblo que lo habite, ningún Estado es posible.

Cientos de miles de uruguayos han emigrado en los últimos años buscando en otras tierras un destino mejor y posiblemente una quinta parte del Uruguay ya sea propiedad de extranjeros. ¿Cuáles pueden ser entonces las perspectivas, para una nación que «apenas» cuenta con 18.000 millones de hás de tierras fértiles y vacías, y con una población similar a la de un barrio de San Pablo, al lado de dos gigantes, uno de los cuales es la octava economía del planeta?

En una edición pasada LA REPUBLICA nos alertaba del peligro de la posible extranjerización de más de 6 millones de hectáreas como resultado de la eventual adquisición de las carteras de los terratenientes deudores, por personas físicas o sociedades anónimas creadas a esos efectos.

En ese artículo se decía que eso era lo que había ocurrido con millones de hectáreas en varias provincias argentinas y que ese era el destino que seguramente nos aguardaba si no se tomaban los recaudos correspondientes. Si bien en la nota no se hablaba de detener las ejecuciones judiciales de los propietarios morosos, la idea quedaba subyacente y se trataba de sensibilizar a la opinión pública nacional respecto de la extranjerización del suelo patrio.

Ese es un hecho real, pero ¿cuál es el peligro, qué es lo que lo hace posible y cuáles serían sus consecuencias? El peligro consiste en que una porción cada vez más extensa del suelo fértil del país pase a tener un uso que no necesariamente coincida con el interés nacional; o que, por la vía del derecho que da la propiedad, algunos extranjeros tengan más derechos sobre el territorio nacional, que muchos de los que en él somos nacidos. El derecho a trabajarlo, por ejemplo. Este es un peligro real y no deberíamos ocultarlo.

Pero esta sensación de temor que viven algunos terratenientes y que tratan de trasmitírsela al resto de la sociedad política para que se tomen medidas que lo impidan, aun cuando sea genuina y compartible, debería recordar que se hace posible como consecuencia de un sistema jurídico en que el derecho de ejercer la propiedad, sea por personas físicas, sea por sociedades anónimas, es el derecho principal y los demás, incluido el derecho a trabajar, le quedan subordinados.

Esa comprensible sensación de despojo y de menoscabo que siente el terrateniente local frente al extranjero, esa frustración de no poder hacer valer su derecho a trabajar una tierra a la que seguramente quiere frente al económicamente más poderoso, no le es exclusiva; posiblemente sea la misma que siente el que sin otros recursos que sus manos, debe resignarse a pasar hambre acodado en el alambrado ajeno.

No le echemos la culpa a los «extranjeros» de lo que somos responsables nosotros; ellos sólo se aprovechan de nuestra incapacidad para defender lo que nos pertenece. En lugar de intentar sustituir un privilegio por otro, modifiquemos el régimen de propiedad de la tierra, que al fin y al cabo es el que convierte a la mayoría de los uruguayos, dentro y fuera de fronteras en «metecos».

Volvamos a dar la lucha contra la extranjerización del territorio nacional; suprimamos la propiedad de la tierra por las sociedades anónimas; pero terminemos también con el monopolio que ejercen sobre la tierra unos pocos nativos en desmedro de la inmensa mayoría (más de la mitad del suelo del país está en manos de unos 4.000 hacendados). En lugar de dejar rematar las tierras de los deudores, impulsemos una ley para que el Instituto Nacional de Colonización se haga de esas tierras y las distribuya entre quienes realmente las necesiten. Una iniciativa de esas características puede ser una solución justa tanto para los acreedores, como para los deudores, para los que tienen tierras y temen perderlas, como para los que no las tienen y quieren acceder a ellas.

Basta que al INC se le asignen los recursos necesarios a devolver con las rentas que esas mismas tierras generen, para que por un lado se eviten los remates a pérdida y por el otro, se impida el éxodo de los productores uruguayos que todavía quieren serlo.

Todavía estamos a tiempo. *