Sobre deudores y acreedores

En el marco de las turbulencias que vive el país no existen soluciones fáciles, y menos aun perfectas, para los afectados por los lamentables errores del gobierno. Los ciudadanos que son deudores en dólares viven una situación desesperante y tratan de presionar buscando soluciones que, obviamente, determinará perjuicios tanto para ellos, como para los acreedores. Es evidente que si todo sigue como está y los bancos comienzan a ejecutar las garantías, esa acción tendría un enorme costo social y económico. Todos perderíamos, incluso los acreedores y, en especial, el país.

Por ello, lo que primero hay que dilucidar son las responsabilidades de unos y de otros. En especial la del gobierno de Jorge Batlle, que aconsejó a la gente a que tomara préstamos en dólares, sin dejar entrever que es económicamente peligroso contraer obligaciones en una moneda distinta a la que se recibe como salario o por otros ingresos.

Ahora, desatada la crisis y en plenas turbulencias de la economía, con el aditamento desgraciado de un agudo proceso inflacionario, aparecen como inviables algunas opciones planteadas como la intentada con los deudores en dólares del Banco Hipotecario del Uruguay, a quienes se intentó pesificar sus deudas, pero aplicándoles un nuevo mecanismo, la llamada «unidad indexada», que de concretarse multiplicaría –de acuerdo con los anuncios realizados también por el gobierno– las deudas a niveles imposibles de solventar.

¿Es que no conocen la situación del país quienes estructuraron ese nuevo mecanismo indexatorio? ¿No tuvieron en cuenta que mientras los precios crecen rápidamente los salarios se encuentran congelados? ¿Qué respuesta podría dar el Ministerio de Economía al deudor hipotecario, que sabe por los anuncios del propio Alejandro Atchugarry que la inflación en el año 2003 será del 50 por ciento?

Estamos en un país en el cual siguen cayendo los consumos de energía, agua corriente, combustibles, etc. Al IRP aplicado a mansalva sobre los sueldos, se sumó la drástica devaluación, que encareció en un ciento por ciento el precio de la divisa. Todo ello en un brutal marco recesivo, de destrucción de riqueza, que puso en un nivel tope el guarismo de la desocupación: 17,2%.

Los parámetros económicos, como en una de las vorágines dantescas descriptas por Roa Bastos, se modificaron de un día para otro, quebrando la cadena de pagos. La desesperación de los deudores es comprensible, como también lo es la preocupación de los acreedores que no ven una solución plausible a corto plazo.

El gobierno ya ha manifestado que respetará los contratos. Pero hay que entender que fue el propio gobierno el que cambió las reglas del juego, aconsejando que se tomaran créditos en dólares, para luego devaluar de manera abrupta. Por ello entendemos que esa responsabilidad alguien la debe dilucidar, pues nadie puede gratuitamente perjudicar a tanta gente, en una acción claramente irresponsable, sin pagar las consecuencias.

En definitiva, una situación difícil, sin soluciones a la vista, en la cual miles de millones de pesos se encuentran paralizados, sin existir ni vislumbrarse un mecanismo justo para destrabar el conflicto.

La actitud del gobierno, asegurando que se respetarán los contratos, se parece más a un «lavarse las manos» que a la búsqueda real de una solución que contemple a todas las partes. *