Corrupción: flagelo social
Un relevamiento sobre la corrupción realizado por el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, nos introduce en un mundo no por conocido sorprendente. Uno de cada cinco empresarios afirma que ha pagado coimas en los entes autónomos, y empleados públicos, también consultados, sostienen que el ámbito más venal es el político. Por otra parte, más de la mitad de los empresarios sostiene que hay sobornos en el ramo en el que trabaja.
La mayoría de los uruguayos teníamos alguna idea sobre este fenómeno que, sin ninguna duda, es el resultado de una disgregación social abonada por una insólita falta de controles. Sin embargo lo que sorprende es el volumen de la corrupción, las cifras del flagelo, que dan cuenta de que es un mal generalizado que no está circunscripto a sólo algunos individuos, como muchos creían.
Por otra parte, en el mismo trabajo se indica otro dato que también alarma: entre los años 1997 y 2000 el 32 por ciento de las licitaciones han sido observadas por el Tribunal de Cuentas. De 3.372 tramitadas, no contaron con el voto favorable del organismo de contralor, 1.092.
Si tomamos en cuenta la morosidad con que la Asamblea General trata las referidas observaciones, podemos llegar a la conclusión de que muchas maniobras contra el Estado han culminado con éxito.
Es un tema para considerar a todo nivel. No es posible que esta realidad estalle frente a nuestros ojos sin que reaccionemos y, en conjunto, se busquen soluciones para una situación que es claramente perniciosa para el afianzamiento de nuestra democracia.
En esta pequeña reflexión, no hemos analizado ex profeso los casos más escandalosos, como lo ocurrido en algunos bancos, ni el sonado caso de Focoex, ni los hechos que motivaron procesamientos y escándalos mayúsculos. Nos hemos limitado a analizar el panorama general que surge del trabajo del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, que muestra a nuestra sociedad claramente enferma, requiriéndose un tratamiento severo, casi de shock, para eliminar un flagelo silencioso, oculto, que pocas veces se denuncia pero que parece ir creciendo de manera vertiginosa.
A ese trabajo sobre la corrupción en la administración estatal le podríamos sumar títulos aparecidos en la prensa en las últimas horas. «Denuncian transferencia ilegal de recursos a las intendencias» (LA REPUBLICA); «El gobierno reconoció trabajo ‘en negro’ en varias embajadas» (LA REPUBLICA); «El tesorero de la FRU denunció ‘connivencia’ de la clase política con el sistema financiero» (LA REPUBLICA); «Refrescos clandestinos: se venden 95 millones de litros» (El País); «Uno de cada cinco empresarios pagó coima en los entes» (El Observador). Y podríamos seguir adelante mostrando un panorama que reaparece, de manera distinta, a cada vuelta de la esquina.
Por su contundencia, todo ello exige acciones inmediatas que si no se adoptan, propiciarán que el flagelo de la corrupción siga avanzando. Es algo que el país no podría resistir. *
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