Uruguayos deportados de España

La noticia ha provocado una comprensible sensación de disgusto: la forma en que fueron tratados los tres jóvenes obligados a retornar de España por parte de los funcionarios del gobierno que preside el señor Aznar resulta inaceptable.

Para empezar, el grosero tratamiento policial no se corresponde con las tradiciones que unen a dos pueblos cuyos vínculos sociales, culturales y demográficos se remontan a muchos siglos atrás.

Vínculos afectivos profundos que asumieron otrora la forma de «tratados de amistad» que propendían a facilitar la instalación de los españoles en Sudamérica y a los sudamericanos en España.

Acerca de las razones por las cuales para un número creciente de compatriotas el exilio aparece cada vez con más frecuencia como la única alternativa, desde las páginas de este diario se ha dicho ya bastante: hay una línea económica y una filosofía social que hace inevitable la migración.

Hasta no faltan en nuestro país los que defienden esta forma de desgarramiento social y familiar a pretexto de la importancia que luego asumen las remesas de los que trabajan en el exterior y ayudan desde allí a familias.

La situación exige una intervención firme de la Cancillería y también una acción eficaz de nuestra legación diplomática en la península. En ese sentido razón le asiste al diputado Enrique Pérez Morad que ha solicitado la inmediata comparecencia de las autoridades del servicio exterior responsables de la atención y salvaguarda de los derechos civiles y políticos de los uruguayos en el exterior.

Por lo demás conviene no perder de vista que la actitud del reino de España no es sustancialmente distinta a la que han asumido otros países ricos frente al asedio de sus fronteras por parte de los emigrados por razones económicas.

La idea de una «fortaleza europea» atrincherada en defensa de su opulencia en medio del asedio de las crecientes oleadas migratorias es una de las respuestas obtusas, de miras cortas, con que desde Europa y los Estados Unidos se da aliento a los peores sentimientos racistas y de xenofobia.

Reflexionando sobre estos temas, el eurodiputado francés Sami Nair ha dicho recientemente: «Aquellos a los que se acusa de querer vivir mejor en Europa son originarios de las regiones empobrecidas por los efectos destructivos de las estrategias económicas ultraliberales decididas en el marco del Grupo de los 8 y por las reglas implacables del comercio internacional fijadas por la Organización Mundial del Comercio…». Y agrega estas consideraciones también enteramente compartibles: «La Unión Europea comete un error al convertir la inmigración en una cuestión policial y de seguridad interior. Por el contrario habría que convertir la política migratoria en un elemento de la política de cooperación al desarrollo. Reducir la inmigración a una cuestión policial impide plantearse una estrategia a largo plazo y, por consiguiente, elaborar con los países de origen (en este caso Uruguay) una gestión concertada de las migraciones».

La dramática situación de los compatriotas que aspiran a irse inmediatamente es la otra cara del país construido por los últimos gobiernos que ha sufrido el país.

La falta de recursos y de políticas destinadas a relanzar la actividad económica tiene esa contrapartida penosa: la salida indiscriminada de compatriotas, entre ellos un gran número de técnicos y profesionales que tienen mucho para devolverle a la sociedad uruguaya y que anhelan seguir viviendo aquí, en su patria, con los suyos. Anhelo al que tienen legítimo derecho. *