El recurso de la mano dura

El conflicto que enfrentó a los estudiantes de la educación pública con las autoridades y con el gobierno no se resolvió finalmente mediante el diálogo sino que prevaleció la solución violenta.

La postura intransigente, de la que el diputado García Pintos fue el portavoz más notorio, resultó triunfante frente a las actitudes más tolerantes que rechazaban el empleo de la fuerza pública para desalojar los locales de enseñanza ocupados por estudiantes.

Pero con ser el abanderado de la solución policial, el diputado colorado no hace sino representar una corriente de opinión bastante generalizada por lo menos entre la dirigencia política más conservadora y entre ciertos sectores sociales.

La prensa oficialista se ocupó de editorializar reclamando firmeza de las autoridades educativas en el conflicto. El recurso de la mano dura, por más que se disfrace con los ropajes de la salvaguarda del orden legal, resulta demasiado repugnante pues nos retrotrae a épocas oscurantistas en que el valor «orden» primaba por encima de cualquier otra consideración. Las medidas prontas de seguridad –régimen de excepción bajo el que Pacheco desarrolló toda su gestión– eran decretadas invocando el mantenimiento del orden interno («casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior», según el texto constitucional).

La prensa oficialista también dio cabida en sus páginas de opinión a esta peligrosa tesitura para la cual toda salida –por mínima que sea– de la conducta ordenada y obediente que deben observar los ciudadanos debe ser evitada y/o reprimida por los funcionarios encargados de mantener el orden. Es así, siguiendo el razonamiento de esa mentalidad conservadora, que una manifestación callejera que causa –inevitablemente– la interrupción de la circulación vehicular por determinadas arterias, exige la actuación inmediata de las fuerzas del orden para garantizar la libertad de desplazamiento de los conductores.

Se habla de «menoscabo del principio de autoridad», como si los males del país se debieran a una supuesta «blandura» de las autoridades, y se añora una «edad de oro» (que se tiene el cuidado de no ubicar con precisión en el tiempo) en que los jóvenes eran respetuosos ante los mayores, los estudiantes ante sus profesores y los ciudadanos ante los gobernantes.

Se trata, desde luego, de un respeto que se parece demasiado a la sumisión; se olvida que los jóvenes –por una característica intrínseca de su condición de tales– siempre fueron rebeldes y contestatarios, y que si en otros tiempos es posible que debieran reprimir sus sentimientos, de poco vale ese «respeto» unilateral, logrado mediante los innumerables mecansimos de que dispone el poder. ¿No es mil veces preferible el desenfado de los jóvenes actuales que han logrado una comunicación más sólida con los adultos basada en el respeto recíproco?

En esta especial coyuntura en que la crisis económico financiera hace estragos entre la población como si se tratara de una epidemia descontrolada, las apelaciones al orden y al principio de autoridad pueden estar respondiendo a la intención de instalar en el inconsciente colectivo la idea de que cualquier protesta, movilización o reclamo atenta contra la estabilidad institucional y debe por tanto ser reprimida.

Debemos hacer un llamado de alerta, un toque de atención ante el avance sutil y peligroso de esta mentalidad esencialmente conservadora y casi autoritaria que se abre paso para justificar el recurso de la fuerza. *