No somos holandeses ni argentinos

En Uruguay a mucha gente poderosa e influyente no le interesa el pasado.

Al menos no le interesan ciertos tramos de nuestra historia.

Cuando se difunden reclamos sobre los desaparecidos sostienen que “son cuestiones del pasado” y que “lo productivo y edificante es ocuparse de las cuestiones de hoy y del futuro”.

Pensando que han sido dotados de singular poder, con un cuchillo pretenden separar el ayer del hoy, y del mañana.

“Olvidadores” compulsivos niegan lo de ayer aunque los protagonistas de hechos infamantes sigan ahí, en el mismísimo e inocente hoy, revistando como funcionarios públicos en delicadas “misiones” que el Estado les asigna.

En Uruguay se puede tener una causa abierta por coautoría de homicidio y ser embajador de la República ante la Argentina.

O se puede vivir con toda paz como otro, ex ministro de la dictadura para las tareas más sucias e impresentables, que pontifica semanalmente, bajo firma, desde un matutino.

Ni a ellos, los que tienen sobre sí imputaciones pendientes, ni a los que les dan cobijo como funcionarios diplomáticos o “analistas políticos”, les motivan demasiado las cuestiones del pasado.

Claro, no toda la gente es así en nuestro país. Eso ya lo sabemos todos. Y lo comprobamos, todos los días 20 de mayo, cuando nos encontramos, año a año, para reclamar la verdad.

Tampoco son así, amantes de la impunidad, los holandeses.

Ahora, una historia en clave de telenovela que narra el amor del príncipe dorado de la casa reinante (Willem Alejandro) con una plebeya argentina (Máxima Zorreguieta) amenaza ensombrecerse con el interés que en la prensa y en los medios políticos han suscitado algunas cuestiones del pasado.

No del pasado de la joven del rosado idilio sino del papá, José Zorreguieta, un ex ministro de la dictadura argentina en tiempos de Jorge Rafael Videla.

En Holanda el asunto ha ido más allá de un problema de la Corte. En el propio Parlamento se ha considerado qué actitud asumir en la eventualidad de que se consagre el matrimonio de la argentina con el príncipe Willem, prevaleciendo la idea de que, en ese caso, la Corte deberá prohibir el acceso del padre de la novia a la boda.

En otro terreno, menos novelesco, el del poder judicial en Argentina, ha habido estos días algunos hechos que muestran una actitud distinta ante los problemas de la verdad que la que todavía prevalece en nuestro país.

Dos mujeres, la fiscal Graciela López y la jueza Cristina Garzón, están llevando adelante el “Juicio de la Verdad” en la provincia de Córdoba.

Se trata de restablecer la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.

El día lunes comparecieron ante la sede judicial tres militares con antecedentes señalables en materia de impunidad: fue su negativa a concurrir a los tribunales lo que generó, en Semana Santa de 1987 el levantamiento de los Carapintadas, ni más ni menos.

Pesan sobre su actuación en la Unidad Penitenciaria de Córdoba en 1976, tremendos testimonios: torturas y fusilamiento de presos.

Dada la vigencia en Argentina de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y del indulto, los tres militares convocados por la jueza Garzón lo hicieron como testigos bajo juramento.

Lo interesante del procedimiento judicial es que manteniendo su naturaleza no penal, la fiscal y la jueza terminaron resolviendo la detención de los oficiales, acusados, no por aquellos crímenes de 1976 sino, uno por falso testimonio, y los otros dos por negarse a declarar.

Por cierto que en estos episodios subsiste un sabor amargo.

Los genocidas terminan penalizados por delitos leves, con sanciones insignificantes.

De todos modos, en Argentina, a partir de estos juicios de la verdad, se publican nuevamente las denuncias, se expresa el rechazo a la barbarie autoritaria y la lucha agónica por la verdad aflora en todo su doloroso dramatismo.

¿Estaremos mejor aquí?