La rebaja permanente de las pasividades

ARTURO FERNANDEZ

 

Los últimos tiempos se han caracterizado por las malas noticias que en forma permanente, reciben los sectores más modestos de la sociedad y ello involucra a cientos de miles de trabajadores, jubilados y pensionistas. Algunas de las últimas leyes sancionadas, han desencadenado una serie de situaciones que han sumergido mucho más aún, los salarios y las pasividades.

La ley llamada de Estabilidad Fiscal, ha erosionado gravemente los salarios de todos los trabajadores y de aproximadamente 120.000 jubilados y pensionistas. Pero el perjuicio causado a los pasivos tiene un efecto multiplicador. Es bien sabido que los ajustes de las pasividades están regulados por el artículo 67 de la Constitución y se fijan de acuerdo con lo que indica el Indice Medio de Salarios. Ese índice ha sido sumergido por la desregulación laboral y desde hace tiempo tiene un efecto negativo, dado que solamente el 6% de los trabajadores se pueden sentar a discutir las condiciones de trabajo.

Tal situación deja prácticamente en manos de los empresarios la fijación de salarios y como resultado, el índice decrece cada vez con más celeridad. La metodología empleada por el Instituto Nacional de Estadística, tomando para la fijación del IMS el salario líquido, suma un ingrediente muy importante al tema y como resultado hoy tenemos que, el artículo 67 de la Constitución se torna en elemento negativo cuando fija los ajustes de las pasividades. Hoy el Sistema de Seguridad Social, sufre el deterioro más grande de su rica historia en el Uruguay. Lo que fue ejemplo para gran parte del mundo, ya no lo es. La decisión de recortar gastos, puso el acento en las políticas sociales y como ellas no son redituables ni financiera ni políticamente, se restringen en forma permanente, con resultados alarmantes en cuanto al sostenido aumento de la pobreza en los sectores más desvalidos de la sociedad como lo son la niñez y la vejez.

En este último caso todo comenzó con la reforma del sistema de Seguridad Social, o sea la Ley Nº 16.713. Esta ley alejó a los trabajadores de la jubilación. A los hombres les pide 35 años de trabajo como mínimo y por ello es muy difícil que, por ejemplo, un obrero de la construcción o un trabajador rural, se puedan jubilar. En la mujer se pide igual condición que para el hombre, aumentándole los años de edad y de trabajo, por lo que una empleada doméstica es muy difícil que llegue a la pasividad. Es decir, la filosofía de conducción económica del país, consideró que los gastos en seguridad social son superfluos y desalentó a la gente para que ésta no se arrime a los mostradores del Banco de Previsión Social.

Lo mismo que pasa con las jubilaciones, pasa con las pensiones a la vejez, reglamentadas en una teoría que está totalmente fuera de la realidad que vive la gente. Se ha dejado de proteger a quienes, con más de setenta años, por tener un hijo que gana más de cuatro salarios mínimos o por tener una vivienda propia, se considera que no tiene derecho a nada. Las jubilaciones transitorias no se otorgan, en muchos casos, porque una imaginaria máquina de medir la imposibilidad física, de acuerdo con dos decretos del Poder Ejecutivo, que fijan altos porcentajes de esa imposibilidad, permiten que una gran cantidad de trabajadores enfermos, queden a mitad de camino, sin jubilación, sin trabajo y de un día para otro empujados por la indigencia, a vivir o crear un nuevo asentamiento.

Pero por otro lado, un 40% de los 47.000 jubilados que tiene derecho al pago de la cuota mutual, no utilizan su mutualista porque no tienen recursos para pagar las órdenes y retirar los medicamentos, por lo que se deduce que el Banco de Previsión Social está pagando un 40% de afiliaciones a mutualistas por las cuales éstas no prestan atención. Pero al sistema le parece bien, a las mutualistas les parece bien y al organismo que constitucionalmente rige el sistema de Seguridad Social, el Banco de Previsión Social, hasta ahora, le parece bien.

A los únicos que nos le parece bien es a los jubilados y pensionistas que solamente concurren al centro correspondiente cuando la gravedad de la enfermedad que padecen no les da otra opción. Todo esto hay que cambiarlo y como no vemos que los órganos que dictan las decisiones tengan la mínima intención de revertir la situación, hay que recurrir a la gente.

Las organizaciones sociales son las únicas que pueden promover un cambio radical que apunte a que la sociedad viva en mejores condiciones, o por lo menos, a parar esto que es una permanente agresión a los más desposeídos. Todas las decisiones que toma la administración, con relación a trabajadores, desocupados, amas de casa, jubilados y pensionistas, se asemejan más a actitudes represivas que a normas administrativas.

Las organizaciones de jubilados y pensionistas de todo el país, están analizando un cambio profundo en aspectos medulares de la Constitución de la República. Entre ellos, la modificación de los índices que regulan los ajustes previsionales y el artículo 86 de la carta magna, por el que el Poder Ejecutivo tiene la potestad del manejo de la legislación en materia jubilatoria.

Es necesario empezar a caminar ya, la experiencia que estamos sufriendo nos señala que nada podemos seguir esperando de quienes nos consideran solamente herramientas de ajuste fiscal y por suerte para ellos, es demasiado lo que ya hemos aportado. No tenemos la influencia de los grandes grupos financieros, que logran en 24 horas revertir decisiones de Estado, pero tenemos la voluntad de la gente de que esto no siga de la misma forma, tenemos el derecho a la dignidad y tenemos la libertad de decidir cuál es el camino a transitar para terminar con esta sistemática y oprobiosa situación que nos sumerge día a día. *