Rendición de Cuentas: desarticulan al Estado

DOREEN JAVIER IBARRA

 

El objetivo de la Rendición de Cuentas, que está en tratamiento en la Cámara de Representantes, es el de desarticular y desquiciar al Estado. En anteriores notas me refería a los rasgos generales de los 163 artículos del Proyecto y a un cúmulo de inconstitucionalidades, hoy voy a enfocar lo referido a la Sección VI, que se vincula a Empresas Públicas.

Es conveniente recordar que dicha Sección, con sus respectivos artículos, fueron cuestionados por nosotros en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Propusimos desglosarlo, es decir extraerlo del Proyecto, no sólo porque es flagrantemente inconstitucional incluir en una Rendición de Cuentas la modificación de una Carta Orgánica de un Ente Autónomo, sino además, porque es imprescindible que un tema de tanta trascendencia cuente con la opinión de todos los sectores.

Lo que se intenta hacer con el Banco Hipotecario del Uruguay es comenzar, lisa y llanamente, con su desmantelamiento. Sin duda el objetivo, de acuerdo con la mentalidad del Poder Ejecutivo, es la de habilitar que las funciones principales de dicha institución se trasladen al sector financiero privado, sin tener en cuenta el perjuicio que se le ocasiona a los posibles usuarios y al conjunto de la sociedad.

Señalaré, sintéticamente, algunas de las disposiciones que contiene el articulado, que aspiro a que no sean aprobadas:

– El BHU no podrá realizar actividades relacionadas a la promoción de la vivienda y la construcción; tampoco estará autorizado a operar como Banco comercial;

– Para realizar operaciones financieras queda supeditado a la autorización previa del Banco Central del Uruguay, por lo que pierde autonomía para emitir títulos y bonos;

– Los préstamos que otorgue sólo pueden ir destinados a la persona física individual, para adquirir o construir vivienda. Se suprime la posibilidad de ejecutar construcciones colectivas, por lo que las cooperativas de vivienda no podrán operar en el futuro con el BHU;

– Los recursos del BHU deberán obtenerse mediante la venta de su cartera hipotecaria;

– Mediante la modificación del artículo 19 de su Carta Orgánica sólo se permite captar depósitos del público mediante el sistema de ahorro previo, eliminándose la posibilidad de recibir depósitos a plazo, ya sea en cuenta corriente o a la vista. Este mecanismo, con el de la securitización de la cartera, será el que financiaría al BHU;

– Los fondos propios destinados a préstamos no pueden superar los U$S 50 millones o el equivalente al 75% de su responsabilidad patrimonial neta;

– Se le concede un plazo máximo de 15 años para cancelar, mediante pago, todas las obligaciones asumidas por la emisión de títulos, bonos, obligaciones o valores transferibles;

– Se crea un Fondo de Garantía para créditos incobrables para garantizar la cartera de créditos hipotecarios enajenados por el Banco (securitización);

– En un plazo de 60 días se procederá a la reducción de la plantilla de funcionarios, utilizando el procedimiento de redistribución previsto en el Proyecto. Desconoce esta propuesta, flagrantemente, el Convenio Colectivo vigente con Banca Oficial, cuya prórroga se firmara en setiembre de 2000 y que rige hasta fines del presente año.

Debemos agregar a todas estas disposiciones negativas el conjunto del articulado de la Rendición de Cuentas, que afectará severamente y restringirá el funcionamiento normal del BHU.

Las restricciones y limitaciones que se pretenden ejecutar para el BHU no significan otra cosa que disminuir, en grado sumo, las funciones que históricamente ha cumplido la institución. Sabemos que en el contenido de la Carta de Intención, firmada con el Fondo Monetario Internacional, que comprometió al Poder Ejecutivo, se encuentra la reestructura del Banco Hipotecario del Uruguay. Nuestro gobierno no hace otra cosa que instrumentar esos compromisos, sin valorar que le quita al país y a los ciudadanos una herramienta que ha sido probada como articuladora del fomento de la vivienda y generadora de trabajo.

Dentro de la Sección VI, Empresas Públicas, también se disponen medidas desarticuladoras, para organismos como la Administración de Ferrocarriles del Estado, el Instituto Nacional de Colonización; Pluna y la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland.

El gobierno opta, una vez más, por «achicar» el Estado en forma indiscriminada y salvaje.

Con la Rendición de Cuentas piensan, según el ex ministro de Economía y Finanzas, contador Alberto Bensión, disminuir los gastos en U$S 260 millones. Nada dice, en el articulado, de la reactivación del país, de incentivar la inversión pública para crear trabajo o acentuar los recursos para el gasto social.

Al contrario, se aprestan a darle un golpe mortal a varias empresas públicas, como lo es el Banco Hipotecario y al mismo tiempo restringir aun más la inversión pública en vivienda, que traerá como consecuencia una mayor paralización y disminución del resentido mercado interno.

Proseguiré analizando el tema. *