Una agresión llamada Rendición de Cuentas

El advenimiento del doctor Alejandro Atchugarry a la titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas ha sido recibido con distintas muestras de alivio. Moderado, parcial y condicionado, pero alivio al fin.

Para varios voceros de las fuerzas políticas de la oposición progresista, la condición de político avezado de Atchugarry, su desempeño como operador parlamentario del coloradismo y del gobierno lo hacen expectable como hombre de diálogo. Hasta se ha hablado de un dirigente con condiciones de negociador.

Mientras el sector sindical ha sido más frío y más parco, es bastante razonable que desde el ámbito político –y sin exagerar– se rubrique un lote mínimo de expectativas en las posibilidades del nuevo ministro para corregir algunos de los errores más traumáticos de su predecesor.

Sucede que, como desde varias tribunas se ha indicado, los márgenes de que dispone el nuevo jerarca del equipo económico son estrechos y los tiempos resultan muy perentorios.

Entre los hechos que acotan el campo especulativo está el cúmulo de propuestas legislativas que contiene la Rendición de Cuentas que en este momento está a examen del Poder Legislativo.

Se trata de un documento que ya ha provocado una ingente irritación en amplios sectores del sindicalismo y de la oposición progresista.

El hecho es que el articulado a estudio de la Cámara de Diputados constituye más que una «rendición de cuentas» con el Presupuesto: parece ser una rendición de cuentas con el país, con el pasado de la sociedad uruguaya y con algunas de sus conquistas más significativas.

El proyecto contiene algunos elementos que sin duda dejarán su marca en la historia legislativa del país.

Para empezar, el texto apunta a sustraer del campo de la ley, o sea del espacio de la acción parlamentaria, un cúmulo de decisiones que, a partir de esta Rendición, quedarían en manos del Poder Ejecutivo para que las resuelva por la vía del decreto.

Se avanza en una línea institucional de fortalecimiento del Poder Ejecutivo en perjuicio del Poder Legislativo, que se viene sustanciando de manera uniformemente acelerada desde la salida a la dictadura hasta nuestros días.

Cuando, con toda razón, algunos analistas y politólogos propalan que asistimos a un proceso de descalificación de la actividad política (y de los políticos) no se debiera perder de vista los pasos decisivos destinados a debilitar el peso del Parlamento en las decisiones políticas promovidos desde el Poder Ejecutivo.

En el caso de la Rendición de Cuentas esta concentración del poder se hace sobre la base de atacar un principio largamente mantenido en la tradición constitucional uruguaya: el de la autonomía de las empresas públicas, cuyas cartas orgánicas se definen por ley y están sujetas a exigencias de mayorías especiales.

Los cambios que se proponen, a pretexto de disminuir el gasto público, son variados y de distinta significación. Algunos artículos lesionan la capacidad de la empresa pública para dotarse de una estrategia propia de desarrollo, le imponen normas rígidas que pueden o no ser compatibles con las mejores condiciones de desempeño futuro del Ente. En otros la pretensión legislativa del gobierno asume la forma ridícula de pretender imponer a las empresas públicas normas en cuanto a los horarios de atención al público a los que debe sujetarse.

Con relación a la vocación extremista, radicalizada, de avanzar en la desregulación laboral del sector público, el tema da para mucho y seguramente será objeto de debates en varios campos. El artículo 174 de la Rendición de Cuentas habilita una suerte de cheque en blanco en manos del Poder Ejecutivo para definir aspectos esenciales de las relaciones laborales que tradicionalmente han estado regulados por la Ley.

Se procede ahora a una grosera agresión contra las normas que regulan la función pública y eso, como es obvio, va en menoscabo del funcionario y de la función.

Y la función es, en una buena proporción, una actividad esencial del Estado, como lo puede ser la asistencia que brinda un servicio de contralor del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. O un hospital de Salud Pública. *