Atención jubilados y pensionistas

JOSE LUIS BLASINA

 

El 5 de junio pasado la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una Minuta de Comunicación al Poder Ejecutivo a los efectos de que éste reenviara al Parlamento una norma contenida en el último ajuste fiscal.

Dicha norma –dejada sin efecto por los senadores del Gobierno de coalición que votaron el ajuste fiscal– establecía un ajuste del 2% en las jubilaciones y pensiones al 1º de enero del 2003.

Era claro, ya en el momento de votar la mencionada Minuta de Comunicación, y así lo dijimos públicamente, que ese 2% podría significar apenas un pequeño paliativo para la progresiva brecha que seguramente se seguiría acentuando, entre el índice medio de salarios –variable constitucional para el ajuste de pasividades– y el índice de precios al consumo.

Recordemos que el índice medio de salarios se calcula, por efecto de una resolución administrativa, sobre la base del promedio de los salarios líquidos de la actividad pública y privada.

Pues bien, al día de hoy y luego de transcurridos 47 días de la Minuta de Comunicación sin que el Poder Ejecutivo se haya dignado responder una sola palabra a la voluntad unánime de la Cámara de Diputados, la situación se ha agravado de tal manera que, aún sin considerar la tendencia acentuadamente negativa que se proyecta hacia fines de este año, nos ubica, objetivamente, ante un gravísimo deterioro del poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones.

Fundamentalmente de las más bajas que, siendo las más numerosas, serán las más perjudicadas.

En efecto, basándonos en indicadores oficiales, tenemos configurado, según los últimos datos, el siguiente panorama.

Por un lado, el incremento del índice de precios al consumo –o costo de vida– ha llegado a 7.19% al 30 de junio pasado.

Obsérvese que, a esa fecha, sólo pesó parcialmente el efecto sobre los precios de la libre flotación del dólar, medida que fue adoptada el 20 de junio.

Es de presumir que al 31 de julio, con la disparada de varios precios –en muchos casos absolutamente injustificada e incontrolada– el porcentaje de incremento del costo de vida en lo que va del año se acercará al 10%.

Por otro lado, el índice medio de salarios involuciona a tal grado que, al 31 de mayo, último dato oficial, se registró un porcentaje de -1% (menos uno por ciento).

Lo que no se puede presumir es de qué forma podrá mejorar ese porcentaje, ya que, por un lado, el Gobierno descarta todo ajuste salarial en el sector público en lo que resta del año, y, por otro, seguirá incidiendo negativamente la nueva rebaja de los salarios líquidos por el incremento del IRP (impuesto a las retribuciones personales de trabajadores, jubilados y pensionistas).

Estamos entonces ante una situación crítica, sólo posible de ser modificada –desde nuestro punto de vista– por la presión creciente de jubilados y pensionistas a nivel nacional.

De nuestra parte, y asumiendo el rol político que nos corresponda para contribuir con lo expresado en el párrafo anterior, estamos trabajando en torno a un proyecto de ley que establezca el criterio de considerar el promedio de los Salarios Nominales para determinar el índice medio de salarios.

En otro orden, la Cámara de Diputados aprobó, el pasado martes 16 de julio, por 52 votos en 72, un Proyecto de Ley que establece la libertad de opción para el cobro de las pasividades, incluyendo los locales propios del BPS en todo el país.

Desde nuestro punto de vista, este Proyecto de Ley, que ya está radicado en la Cámara de Senadores, no debe verse como contradictorio con una eventual resolución del Directorio del BPS en el sentido de dejar sin efecto la clausura de los casi 52.000 pagos que se realizan en el Edificio Central de la Institución.

Precisamente, la única forma de evitar que se consagre cualquier discriminación, fundamentalmente con el interior del país, es que el Senado le dé sanción definitiva al Proyecto aprobado en Diputados.

En una próxima nota seguiremos abordando este tema, así como sobre las normas de Seguridad Social contenidas en la Rendición de Cuentas. *