Paradojas en la crisis de la construcción

Entre los múltiples síntomas de la crisis, destaca particularmente el problema que aqueja a la construcción, una industria especialmente dinamizadora de la economía, no sólo por la creación directa de fuentes de trabajo –por su gran demanda de mano de obra–, sino además en razón de que indirectamente promueve la reactivación de otros sectores de actividad (comercio, servicios varios, etcétera).

Nos ocupamos en nuestros editoriales del domingo y de ayer de la situación límite que vive el emblemático Hospital de Clínicas y señalábamos que el fenómeno no era sino una manifestación más del deterioro extremo a que ha conducido la política económica absurda e inhumana que padecemos desde hace ya demasiado tiempo.

Las crisis suelen tener la virtud de poner de manifiesto y/o exacerbar ciertas situaciones que han ido manteniéndose inadvertidas o cuya trascendencia se ha intentado minimizar.

La situación concreta que atraviesa la industria de la construcción –denunciada por el presidente de la Cámara respectiva el domingo pasado en LA REPUBLICA– responde en términos generales a las características de los otros sectores de actividad: cierre de empresas y desocupación como consecuencia directa de la recesión generalizada y de los recortes en las inversiones.

Pero la crisis del sector desnuda también otra realidad, una realidad social en la que se ha producido una sobreoferta de viviendas al tiempo que se multiplican los asentamientos precarios, lo cual hace que cada vez más compatriotas no puedan ejercer su derecho constitucional a una vivienda decorosa. Como en muchos otros aspectos, el modelo de desarrollo capitalista se muestra no sólo salvaje por lo injusto sino también por la frivolidad, la improvisación y la prevalencia del afán de lucro por sobre toda otra consideración. De otro modo, ¿cómo explicar la paradoja siniestra de que tengamos cada vez más hombres, mujeres y niños sin techo, al tiempo que hay casas y apartamentos desocupados?

En la nota a que hacemos referencia se anuncia el cierre de cincuenta empresas constructoras porque el mercado está saturado y no hay perspectivas de inversión en obra pública. ¿Qué sistema, qué modelo es este que permite aberraciones tan flagrantes?

Más de una vez hemos hecho referencia a una disposición constitucional que los últimos gobiernos han cumplido a medias y de la que el actual ha prescindido olímpicamente. El artículo 45 de la Carta Magna establece lo siguiente:

«Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin».

Nadie duda de que el primer enunciado de la citada norma es sistemáticamente violado por lo que ese derecho se ha convertido en letra muerta. En cuanto al resto del artículo, todos convendrán en que, si exceptuamos el Plan Nacional de Vivienda (que con el tiempo fue desvirtuado), no ha habido una política claramente dirigida a estimular la inversión privada en viviendas no lujosas pero sí decentes destinadas a los sectores medios y bajos.

Para los sectores de menores ingresos se han ideado «soluciones habitacionales» apenas mejores que las llamadas «viviendas precarias», mientras los capitales de los inversores se destinaron a la construcción de viviendas para las clases altas o para una clase media que prácticamente ya no existe y que no puede hacer frente a financiaciones pensadas para un mercado con un nivel de ingresos cada vez menor.

Todo este panorama es denotativo de la ineptitud y falta de visión de gobernantes atentos a los números de la macroeconomía sin importarles el bienestar de la población. *