Disparan contra los funcionarios públicos

CARLOS BOUZAS

 

Estuve leyendo el proyecto de rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento. De los 160 artículos que lo componen, hay setenta y siete que se dedican a cargar contra los funcionarios del Estado. Las normas son muy variadas: eliminación de derechos, recortes, manoseos, rebajas salariales, tabla rasa con el estatuto que los ampara y dejar pendientes de un hilo –o la voluntad omnipotente del jerarca, que es lo mismo– a los nuevos agraciados que se contraten a término. Es un verdadero toque a degüello.

Los textos a los que refiero (muy desprolijos e imprecisos, no sé bien si a propósito) parecen inspirados en una prédica permanente que se viene regando con paciencia desde hace varios años por el semanario Búsqueda a través de sus editorialistas y columnistas, presentes y pasados (no olvidar al inefable doctor Ramón Díaz). Todos ellos se inspiran en un axioma: los funcionarios públicos son los culpables de todos los males que padece la República, al extremo que siguen gozando de sus privilegios, cuando los sufridos trabajadores privados han perdido todos sus derechos (no se sabe bien si porque decidieron inmolarlos en el altar de la Patria o porque se los arrebataron por decisión gubernamental de no convocar a negociación salarial y destruir indiscriminadamente todo lo que tuviera el tufillo de industria nacional). Es así, entonces, que frente a tamaño dislate, todo ataque que los jaquee y ponga en entredicho sus medios de vida, vale.

Si se aprueban estas normas que comento, cualquier funcionario queda pendiente de la voluntad omnímoda del jerarca de turno, que puede decidir declararlo «excedente (…) en razón de reestructura, supresión de servicios o exceso de personal, por resolución fundada…» Luego, y a partir de esa declaración de excedente, el damnificado cobrará su sueldo durante seis meses. A partir del séptimo mes, su mensualidad se verá reducida a la mitad, hasta que la Oficina de Servicio Civil le asigne un nuevo destino que, según le toque en suerte o en ganas, podrá ser con mantenimiento del sueldo o con un sueldo distinto. Si al jerarca del nuevo destino no le gusta la cara del funcionario, lo podrá devolver dentro de los tres primeros meses del traspaso. Y si sufre dos devoluciones de oficinas de destino, quedará cesante «por omisión o ineptitud.»

El proyecto prevé también que no habrá ingresos de funcionarios hasta dentro de doce años. Mientras tanto se tomará el personal por contrato a término, revocable cuando se estime conveniente. Si el contrato o revocación del mismo vencen antes de cumplir dos años de labor, no habrá indemnización por despido (violación flagrante de la ley general referida al despido). Y, por si fuera poco, la rescisión del contrato de manera unilateral (potestad del jerarca) podrá ocurrir porque no les gusta la cara, o porque es muy revoltoso (definición que incluye a todo aquel que quiera ejercer el derecho de agremiación). Y, aunque el artículo 39 del proyecto habla de la necesidad de «llamado público abierto» para acceder a estos contratos, resulta que, luego, «la selección se efectuará a través de concurso de méritos y antecedentes»; con lo que, el dedo continuará siendo el instrumento adecuado para designar los agraciados en los contratos, tal cual está ocurriendo actualmente. Sí, señor: el clientelismo más puro y duro.

¿Qué me pregunta usted? ¿Que si es la primera vez que un atropello y arbitrariedad de esta magnitud se pretende llevar a cabo en Uruguay? No, no es la primera vez. Lo realizó el señor Gabriel Terra, durante el ejercicio de su gobierno dictatorial, hace la friolera de sesenta y nueve años. Y, lo que son las cosas; por aquellas épocas, los batllistas fueron perseguidos, desterrados y recluidos en la Isla de Flores –junto con defensores de la democracia de otras vertientes– por defender los derechos ciudadanos. *