El Hospital de Clínicas en el CTI

Diariamente –y a medida que la crisis se profundiza y se prolonga en el tiempo– la realidad va develando aspectos sintomáticos del deterioro que sufre la sociedad uruguaya.

Al principio fueron los efectos inmediatos del modelo insensato y perverso: fábricas obligadas a reducir la producción –o directamente a bajar la cortina– lo que trae aparejado un considerable aumento del desempleo. Paralelamente, los productores rurales pequeños y medianos expulsados de sus tierras o condenados a seguir produciendo prácticamente sin rentabilidad.

En la medida en que se fue desmantelando el aparato productivo, fue creciendo el desempleo y bajando el nivel salarial (o el poder adquisitivo de los salarios congelados de hecho). Este hecho tuvo a su vez consecuencias directas en la depresión del mercado interno, lo que incidió en una disminución generalizada del consumo, afectando particularmente la actividad comercial y en general el sector servicios.

Así, se fue desenredando una cadena nefasta de empobrecimiento y de deterioro que ya alcanza a casi toda la sociedad.

En ese marco, la atención sanitaria de la población también ha sufrido –y sigue sufriendo– consecuencias similares a las padecidas por otros sectores de actividad.

La crisis endémica del mutualismo parece haberse potenciado y estamos asistiendo a situaciones límite con varias instituciones agonizantes. No es de extrañar que ello suceda si se tiene en cuenta que la cuota mensual de ese sistema se ha tornado inaccesible para la mayoría de los asalariados; y que los trabajadores de la actividad privada pueden tener cobertura sólo en la medida que aportan a Disse. A medida que fue verificándose el deterioro del salario real, los miembros de una familia que no tienen un puesto en una empresa privada carecen de cobertura asistencial.

Los empleados públicos y los desocupados desisten de pagar la cuota mutual, con lo que pasan a engrosar la población que debe atenderse en el sistema público de salud.

Como lo establece la Constitución, el cuidado de la salud es un deber de los ciudadanos, y el Estado está comprometido a brindar asistencia gratuita a quienes no disponen de medios para solventar sus gastos médicos. Para ello cuenta con hospitales y centros asistenciales dependientes del Ministerio de Salud Pública, además del Hospital de Clínicas, que funciona en la órbita de la Universidad de la República como hospital universitario dedicado también a la investigación y la docencia.

Desde hace mucho tiempo, ese sistema público venía exhibiendo carencias de todo tipo como consecuencia de la mezquindad de los ministros de Economía, sólo preocupados por reducir el déficit y recortar los gastos a costa de lo que fuera y sin tener en cuenta los costos sociales de esos recortes. Las denuncias sobre la penosa situación de los centros asistenciales públicos son numerosas y hablan a las claras de una infraestructura deficitaria.

Pero hoy es el Hospital de Clínicas el que se acerca al borde del crac en razón de la renuencia del ministro Bensión a hacer efectivas las partidas presupuestales. Como se ha informado, la situación llegó a tal punto que las autoridades del nosocomio se vieron obligadas a cerrar provisoriamente la emergencia.

Otra cuenta más para el largo rosario de desatinos que viene cometiendo un gobierno terco e insensible. Mientras niega recursos a la salud o a la educación, se muestra dispuesto a destinar cifras infinitamente mayores para el salvataje de bancos. Y lo peor del caso del Hospital de Clínicas es que el dinero que el Ministerio no entrega no es una extra ni una dádiva: es lo que está obligado por ley a entregar a ese centro hospitalario.

El gobierno está en deuda con la Universidad, con su Hospital, pero sobre todo está en deuda con la población. *