La Aduana en el ojo de la tormenta

Pocos creyeron, cuando el director de Aduanas Víctor Lissidini informó de sus reuniones con jefes del gran contrabando, que ello sería el comienzo de la actual guerra de declaraciones, acusaciones recíprocas y otros componentes propios de un verdadero escándalo. Aquel hecho no hizo sino mostrar el extremo del hilo de una madeja que al desenrollarse va confirmando una realidad que se sospechaba; una nueva caja de Pandora acaba de abrirse.

La revelación de la existencia de una mafia del contrabando que afirma haber colaborado en el financiamiento de las campañas electorales de todos los partidos políticos produjo airadas reacciones, pero tuvo la virtud de volver a poner sobre el tapete la necesidad de transparencia en la obtención de recursos de las colectividades políticas; el ordenamiento jurídico no cuenta con una legislación reguladora que permita controles sobre el financiamiento de los partidos, y el asunto amerita ser abordado a la brevedad.

Pero más allá de esta cuestión no menor, destaca la actitud del director nacional de Aduanas. Víctor Lissidini ha mostrado, desde su asunción al cargo, que está dispuesto a llevar adelante el combate al contrabando hasta sus últimas consecuencias. Cuando el Presidente de la República apuntó sus baterías hacia esa forma de comercio ilícito, presentándolo como un flagelo responsable de la desocupación y la miseria, la respuesta de la sociedad estuvo teñida de escepticismo, y la opinión pública reclamaba que se atacara a «los grandes», y no que se ensañaran con los modestos «quileros» o en general con los que no tienen otro medio de vida. Todos estamos de acuerdo en que el contrabando es una actividad ilícita que genera pérdidas al erario y que afecta a la industria y al comercio honrado. Pero todos coincidimos, también, en que no es dinamitando puentes o incautando mercadería ingresada ilegalmente al país a los minoristas que la comercializan en modestos puestos de feria que ese combate habrá de dar sus frutos. Por otra parte, nadie ignora que la inmensa mayoría de quienes se ganan la vida vendiendo mercadería ilegal lo hace en razón de la crisis que nos afecta, que ha conducido al cierre de empresas y de fuentes de trabajo en general.

El actual director de Aduanas parece dispuesto a jugar el partido en serio, atacando a la cabeza de las organizaciones criminales; y sus declaraciones –si bien pueden tildarse de imprudentes o irreflexivas– han tenido la virtud de hacer pública una realidad de la que se hablaba, pero cuyos detalles se desconocían.

Pero cuanto más se avanza en esa lucha, comienzan a asomar aristas que dan al asunto características de escándalo. Las acusaciones y desmentidos que se suceden sin tregua no hacen sino alimentar la desconfianza, mientras se tiene la sensación de que estamos ante un asunto que huele mal.

Víctor Lissidini ha destapado una olla cuyo contenido en descomposición amenaza con contaminar la honorabilidad del sistema político. Por lo mismo, es menester que la cristalinidad, la honradez y el sinceramiento prevalezcan en el quehacer político de modo de dar una señal positiva a la sociedad. Que se identifique a aquellos cuya conducta esté en tela de juicio y que por sí mismos se sometan al juicio de la opinión pública.

La gente quiere saber de qué se trata. La población debe estar correctamente informada.

Esa es la condición sine qua non para que el desprestigio y el descrédito no cubran indiscriminadamente a todo el sistema político. *