La verdad como primer paso hacia la paz

A raíz del vuelco innegable que el presidente Batlle ha impreso al tema de los detenidos desaparecidos, parece haberse reabierto la polémica  casi con las mismas características que en oportunidad de la discusión sobre la Ley de Caducidad  sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.

La discusión abarca, como entonces, aspectos jurídicos, morales y políticos. Reaparece el argumento pueril de que al haber amnistiado a los guerrilleros se debía proceder de la misma manera con los militares, olvidando  o no queriendo ver  la enorme diferencia entre un individuo que sufrió torturas aberrantes y varios años de prisión en condiciones inaceptables y otro que, amparado en la inmunidad otorgada por el aparato represivo de un Estado en el que no regían las garantías constitucionales, jamás debió enfrentar un tribunal de justicia. Obviamente, no son cosas comparables.

Surgen asimismo voces que nos recuerdan cómo nuestra historia está llena de ejemplos que abonan la tesis de la amnistía, señalando que cada conflicto bélico que enfrentó a los orientales desde la Patria Vieja hasta Terra se resolvió con amnistías, con perdón recíproco, con olvido. Este recurso también se manejó a la salida de la dictadura para argumentar a favor de la tesis que sugería un perdón genérico, como si fueran equiparables la guerra civil del cuatro y el terrorismo de Estado de los setenta.

Esta posición peca de gruesos errores interpretativos. Los problemas que padeció el país desde 1968 hasta 1984 (las fechas no son caprichosas pues abarcan desde el comienzo del autoritarismo y de la represión, con los primeros mártires estudiantiles, hasta el asesinato en una unidad militar del doctor Vladimir Roslik) no fueron una guerra civil. Hubo sí la aparición de grupos de acción directa concomitantemente con la escalada violentista desde el poder; y luego de desarticulados aquellos, con sus miembros muertos, en prisión o exiliados, hubo un quiebre institucional formal que instauró un régimen cívico-militar por doce años durante los cuales reinó el terrorismo de Estado más descarnado y se cometieron todas las atrocidades denunciadas, entre ellas, la desaparición forzada y la sustracción de bebés.

Pero más allá de las diferencias de enfoque o de interpretación de los hechos  inevitablemente opinables por cuanto refieren a un pasado reciente  hay una diferencia sustancial entre los conflictos bélicos que enfrentaron a nuestros ancestros y las recientes décadas infames: ninguno de los protagonistas de aquellos enfrentamientos intentó esconderse en el silencio o en un oprobioso anonimato; nadie eludió la verdad y se asumieron las responsabilidades correspondientes. Ni Anacleto Medina ni Gregorio Suárez pretendieron ocultar sus barbaries, y quizá los únicos hechos que quedaron impunes sean los asesinatos de Flores y de Berro. De manera que hay que rechazar por improcedente cualquier intento de asimilar la épica de la tierra purpúrea con la barbarie incalificable del terrorismo de Estado.

En resumen, si se trata de perdonar, bueno es saber qué estamos perdonando y a quién. Parece de toda lógica  casi una condición sine qua non para llegar al perdón  que se sepa cómo, dónde y cuándo ocurrieron los hechos. Lo de quiénes vendrá por añadidura o no vendrá; de cualquier manera, se conocen los nombres de los jerarcas civiles y militares (las figuras que ocuparon cargos relevantes durante el proceso cívico-militar) que impulsaron, promovieron, ordenaron o toleraron  cómplices, en este caso  las acciones que enlutaron al país y envilecieron a sus autores.

Hasta ahora, la verdad se conoce parcialmente. Es preciso conocerla toda.