"La justa" sobre el Instituto Nacional de Colonización

ANDRES FIGARI

 

Los cifras de los uruguayos que emigran asombran y entristecen. 60.000 es el promedio anual de los últimos años y más de 12.000 serían los que lo han abandonado en lo que va de éste, como consecuencia de una política económica que ha multiplicado la pobreza, la desigualdad y la desesperanza.

Se estima que los uruguayos residentes en el exterior y sus hijos, rondan el millón de personas.

Dentro de sus fronteras, en un territorio vacío, con 17 millones de hectáreas de tierras fértiles, la población rural del Uruguay ha disminuido constantemente en los últimos 50 años y de los 318.166 pobladores que había en 1970, menos de 190.000 quedan a la fecha.

Con una desocupación urbana que supera el 14%, el éxodo rural ha tenido para muchos, el cantegril como destino y la miseria económica y moral como condena.

Ante este panorama y con la supuesta finalidad de ahorrar la fabulosa cifra de un millón y medio de dólares, el gobierno en lugar de corregir el rumbo, insiste en suprimir al Instituto Nacional de Colonización, la única herramienta legal y técnica que dispone el Estado para hacerle frente.

Como cualquiera se puede dar cuenta ese no puede ser el verdadero propósito. Una de dos: o los males que se dice combatir no son tales o en realidad el remedio no interesa. El hecho es que no se lo dice de manera franca, abierta, honesta. Se dice que como el Instituto no funciona, las tierras pasaran a manos de los colonos y los técnicos al ministerio, que desde allí se hará lo que ahora no se hace. Una verdadera tartufería para esconder las verdaderas intenciones sobre el Instituto y sobre el país.

Porque los que ahora so pretexto de «ahorrar» o «modernizar» pretenden liquidarlo, son los mismos que durante décadas le negaron los recursos mínimos para hacerlo viable o le pusieron en su dirección reconocidos «incapaces» ( como los llama el Sr. Presidente), para que mal administraran los pocos que tenía.

Son demasiadas coincidencias para presumir buena fe de un gobierno que además de no comprometer un peso en su apoyo, recurre a la ignorancia.

Por un lado, esconde que aún con escasos recursos, donde antes había grandes latifundios ha logrado mantener afincadas a 4.000 familias en 190 colonias distribuidas en más de 500.000 hectáreas. Por otro lado, no se dice que si el Instituto no ha impedido el éxodo rural, no ha sido tanto por carencias propias, sino como consecuencia de una política económica que provoca esos desastres como su desenlace necesario y deseado.

Para quienes creen que forma parte de la naturaleza de las cosas que el pez grande se coma al chico, que los pequeños emprendimientos rurales estén condenados a desaparecer absorbidos por los mayores, que el destino del país está escrito en su geografía, y que no se debe aspirar a otra cosa que ser una gran estancia, con balnearios, casinos y bancos para los ricos, es natural que se piense de esa manera.

Desde esa perspectiva no se puede dejar de ver al INC más que como un estorbo que obstaculiza los planes del Creador, respecto de los cuales ellos se consideran sus intérpretes y principales beneficiarios. Es por eso que el gobierno y sus eventuales aliados ganarían en grandeza moral y el debate en claridad, si en lugar de andar buscando pretextos para liquidar al INC, se tuviera la honradez de admitir que en su modelo de país, éste no tiene nada que hacer y hasta les resulta molesto.

Es la ocasión apropiada para quien se jacte de «cantar la justa». *