El DDT y la guerra ambiental

EDUARDO GUDYNAS

 

Días atrás se publicó un sorprendente artículo defendiendo al DDT, un insecticida tóxico, y criticando a los ambientalistas que han luchado por su prohibición. En una nota de Richard Tren y Roger Bate, publicada por El Observador, se alerta sobre una «mortífera campaña de los verdes» contra el DDT, concibiendo que esa sustancia es «esencial» para los países subdesarrollados, como el Uruguay.

El DDT es un insecticida organoclorado que usado durante décadas para luchar contra los insectos en la agricultura y contra transmisores de enfermedades como la fiebre amarilla y la malaria. Pero hoy se sabe que el DDT es tóxico para el sistema nervioso, y que en casos de intoxicación genera síntomas como temblores, convulsiones, y hasta la muerte por paro cardíaco o respiratorio. También existen serias sospechas que es cancerígeno. Aun usándose en bajas dosis es peligroso, ya que es muy persistente en el ambiente, donde contamina a diferentes especies, y desde allí queda enquistado en la cadena alimentaria, concentrándose en cada uno de sus pasos. Justamente los primeras alertas comenzaron en la década de 1950, cuando miles de aves aparecían contaminadas debido a que se alimentaban de insectos también contaminados, presentando sobre todo trastornos reproductivos. Enseguida comenzó a detectarse DDT en frutas y verduras, peces, aves de corral, en la carne y leche vacuna, y en el ser humano, donde incluso las madres lo transmitían a sus hijos por la leche materna. La contaminación se daba sobre todo poco a poco, al absorberse las pequeñísimas dosis residuales en los alimentos. A ello se suma que el insecticida persiste durante décadas en el ambiente, y en especial se concentra en el medio acuático.

Sus graves efectos llevaron a que hace treinta años los Estados Unidos prohibieran su uso; en 1990 se dio un paso más calificándolo como «contaminante peligroso de aire» en su ley de aire limpio. Muchos países siguieron el mismo camino, entre ellos Uruguay, reconociendo su toxicidad y excluyendo su uso. A su peligrosidad se sumó además la evidencia de la caída de su efectividad, ya que surgieron variedades de mosquitos transmisores de enfermedades que eran resistentes al DDT. Más recientemente, el DDT se encuentra en la lista de sustancias contaminantes persistentes de la Convención de Estocolmo (apoyada por Uruguay).

No es un hecho menor que desde cierta prensa se difundan esas ideas. En primer lugar, la afirmación de Tren y Bate que «los ambientalistas jamás permiten que la verdad o la ciencia interfiera con sus alarmantes campañas» es falsa. En realidad, en el caso del DDT ha sido justamente la evidencia científica la que ha alertado sobre la peligrosidad de esa sustancia.

En segundo lugar es necesario alertar que esa defensa implica considerar a la salud de los uruguayos y la calidad ambiental como temas secundarios. No han faltado quienes afirman que en los países más pobres, por ejemplo de Africa, merecen usar el DDT tanto para los cultivos como para combatir la malaria, en tanto las cuestiones de calidad sanitaria o ambiental son un lujo únicamente aceptable en las naciones ricas, buscándose una mejor eficiencia económica, incluyendo una recuperación de las ventas de las empresas de agroquímicos.

Ese razonamiento olvida importantes elementos, desde la existencia de otros insecticidas y procedimientos de menor impacto para controlar los vectores de enfermedades o para enfrentar las plagas de los cultivos, a un valor de la salud humana que no es negociable. Justamente en el Uruguay de hoy la difusión de esas ideas debe ser rechazada con energía, ya que todavía estamos sufriendo la contaminación por plomo, en parte por haberse desatendido años atrás la calidad ambiental y la salud humana.

Finalmente, es difícil entender la promoción de este peligroso tóxico mientras algunos productores rurales y jerarcas del Ministerio de Ganadería y Agricultura promocionan la exportación de productos agropecuarios naturales.

Si se atendiera a los articulistas de El Observador, podrían perderse, por ejemplo, las crecientes exportaciones de carne natural que están encaminando frigoríficos del norte del país. Esos mercados podrían perderse si los servicios de inspección sanitaria y fitosanitaria de otros países encontraran residuos de DDT en nuestras exportaciones.

Por lo tanto, la denuncia de Tren y Bate en El Observador sobre una «mortífera campaña de los verdes» es infundada. Además, sus posturas muestran una terrible ceguera ambiental que si consiguiera apoyo en Uruguay significaría volver a autorizar un tóxico, aumentarían nuestros problemas ambientales y sanitarios, y hasta pondría en riesgo nuestras exportaciones agropecuarias. *