Contratos de obra, un tema que no se quiere discutir

Lo ocurrido en la Cámara de Diputados es grave, sumamente negativo para esa institución y para el funcionamiento mismo de la democracia. También es demostrativo de cómo los llamados «partidos tradicionales» y otros que tratan de hacer mérito, utilizan todo tipo de triquiñuelas para evitar que un tema de fondo, que es la asignación de cargos bien remunerados, que se otorgan sin llamado a concurso, generalmente a familiares de políticos o «correligionarios», siga sin discutirse.

El arbitrio de los contratos de obra y servicio fue creado para que la administración pública pudiera contratar, en determinadas circunstancias, a personal especializado. Sin embargo, como resultado de préstamos internacionales que se manejan con total irresponsabilidad, muchos encontraron el filón para el «acomodo», contando para ello con directorios de entes y servicios que no tienen ningún escrúpulo para distribuir prebendas a diestra y siniestra, sin siquiera advertir que los dineros que mal utilizan se suman a la creciente y ya impagable deuda externa de casi 15 mil millones de dólares que hoy nos agobia.

El caso de ANEP es, sin duda, paradigmático. Se gastan millones de dólares para que algunos «privilegiados» realicen informes de cómo mejorar la enseñanza, muchos de ellos «levantados» de otros anteriores, mientras la realidad que se vive en las aulas es muy distinta. Claro, no es un tema nuevo. Es lo mismo que ocurre a lo largo y ancho del continente con este tipo de préstamos que casi nunca son utilizados con el cometido asignado sino para favorecer a «amigos» y crear una burocracia parásita que lucra con la liviandad ética de quienes administran esos dineros.

El lector se preguntará si el objetivo proclamado es el que indica ANEP, ¿por qué no se llama a concurso para que las personas que actúen sean las más calificadas? La respuesta es obvia: el mecanismo es utilizado para el clientelismo más atroz. Pero llegado a este punto se debe puntualizar que no es bueno realizar una generalización absoluta, ya que hacerlo es no tener en cuenta que en casos puntuales algunos «contratos» cumplen con el cometido de la creación del mecanismo.

Las chicanas utilizadas por el oficialismo en la interpelación fueron realmente vergonzantes. Es que no querían (y no quieren) que este tema sea aclarado a fondo, que quede claro que nunca se llamó a concurso y que los apellidos conocidos que aparecen unidos con sueldos importantes y realizando tareas ignotas, están allí no justamente por la demostración de su capacidad.

Alguna diputada calificó duramente al interpelante, sosteniendo que se mentía sobre la incapacidad técnica de muchos de estos contratados. Sin embargo su vehemencia no ocultó que carecía de todo elemento que objetivamente midiera su afirmación. ¿Qué resultado de concurso podría mostrar?

No ingresamos en este análisis al tema que manejaron los ministros presentes, de que no es posible una interpelación cuando se trata de analizar lo hecho por un organismo con autonomía funcional. Determinar ello es tarea de constitucionalistas.

Sin embargo lo que se hizo fue utilizar esa argumentación, no para defender la potestad de ANEP de «hacer lo que quiera», sino para no debatir sobre el significado de esos nombramientos que se realizan en el marco de una enseñanza, que vive una situación de agonía, con sueldos docentes bochornosos.

ANEP es el mismo organismo en que desaparecieron 377 computadoras, sin que hasta ahora se hayan determinado las responsabilidades de tal desmesura y que además, como señala la propia Auditoría Interna de la Nación, sólo ha distribuido el 28 por ciento de las 1.700 compradas, para ser utilizadas específicamente en la formación de niños y adolescentes que concurren a las aulas. *