Disparen contra el Estado

La consigna de hoy, repetida hasta el cansancio, es la de «disparar contra el Estado», Estado que en el Uruguay es el resultado de las reformas llevadas adelante por José Batlle y Ordóñez a principios del siglo XX y que le dieron al país -lo que es indiscutible- una clara ventaja comparativa frente a otros países que no pudieron desarrollarse como la otrora «Suiza de América».

Ahora, el nieto de aquel hombre iluminado, sin duda un estadista que la historia seguirá manteniendo en un lugar de privilegio, encabeza una siniestra maniobra para destruir lo creado, una riqueza incalculable que fue acumulada por el trabajo de generaciones de uruguayos. Empresas públicas que obtienen ganancias y que mayoritariamente contribuyen decisivamente al erario para que este país siga funcionando.

Por supuesto que todo es opinable. Hay quienes sostienen que el costo del Estado está vinculado con el peso de dichas empresas, que hace que los productos que comercializan (combustibles, energía, comunicaciones, agua, etc.) son altos en relación a los que se pagan en la región. Claro, pero casi nunca agregan que un litro de nafta tiene un 50 por ciento de impuestos y que el costo de producción de ese mismo litro es más competitivo que los que se refinan en otros lugares del continente.

Lo que plantean estos economistas -como los que participaron en una reciente mesa redonda- es que hay que reducir el Estado, tomado ello como una fundamental reivindicación ideológica, aunque muchos de esos mismos conferencistas hayan vivido del mismo durante años y hoy, tanto ellos mismos como otros correligionarios y amigos sigan prendidos a una teta que cada vez da menos leche.

Tampoco dicen -y ese silencio es especialmente mantenido por el funcionario directivo de la Asociación de Bancos, economista Gustavo Licandro- que el grueso del dinero que tiene el Estado uruguayo está siendo dirigido a apuntalar al sector «financiero», con el fin de mantener privilegios en lugar de defender a quienes confiaron en él colocando allí sus ahorros.

Olvidan también que este mismo camino que proponen continuamente, que fue recorrido ya por la Argentina, determinará no una reducción del peso del Estado sobre el sector privado, sino otra cosa muy distinta: dejarlo en manos de empresas multinacionales que, al igual que en la Argentina, cobrarán lo que quieren por sus productos, empobreciendo mucho más rápidamente a la economía en su conjunto.

Hay temas que, obviamente, se pueden revisar, como el de los monopolios «naturales». Es evidente que en la telefonía celular la aparición de la competencia privada benefició el servicio. Ello fue el resultado de la existencia de una empresa pública (Antel) que fue acotada por la competencia, pero que por su potencialidad pudo desarrollarse en ese ámbito.

Lo que quieren los representantes del capital financiero es que la tierra quede arrasada. Poner un gran tubo que lleve la poca riqueza que nos queda a los uruguayos, a las arcas del gran capital.

¿Habrá todavía quien crea que ese mismo litro de nafta de que hablamos en un párrafo anterior será más barato si Ancap deja de ser una empresa pública y se convierte en la subsidiaria de una gigantesca multinacional?

Es evidente que llegó la hora de que muchos que hoy hablan del achicamiento del Estado, que no les preocupa que por órdenes verbales se contribuya a financiar los defalcos concretados por banqueros y reclaman reducir aún más sueldos y jubilaciones, sean denunciados en la medida de la afrenta a la inteligencia que están concretando. *