Rebelión contra las privatizaciones en el Perú

Los últimos seis días en el Perú son una suerte de «historia condensada» del momento que actualmente viven muchos países de América Latina, incluyendo a Uruguay.

Como si se tratara de la sinopsis de un filme con una trama conocida, los pasos, que transitaron un camino rutinario, se sucedieron con una rapidez fenomenal; de ahí el interés que de ellos emana.

En primer lugar, como es habitual en la región, el presidente Alejandro Toledo decidió incumplir su promesa electoral y dio pasos decisivos para privatizar dos empresas de hidroelectricidad, EGASA y EGESUR, instaladas en la zona de Arequipa, en el sur del país. Lealtad a la palabra empeñada, nula.

En segundo lugar, para hacerlo, el Presidente Toledo tuvo que desconocer la acción del Poder Judicial del Perú, que examinaba la pertinencia de un recurso antepuesto por autoridades locales que se oponían a la privatización. Preservación y respeto por los demás poderes del Estado, nulos.

En tercer lugar, la privatización se hizo en beneficio de la empresa belga Tractebel, que fue, casualmente, la única ofertante. Esta benefactora transnacional está siendo investigada por presuntos sobornos a Fujimori. Porque, vale la pena recordarlo, siempre que hay nativos corruptos, hay extranjeros corruptores. Y estos últimos suelen sacarla aún más barata que los nativos. Moral de gobierno y transparencia, pues, nulas.

La protesta popular contra el gobierno se hizo en reclamo del cumplimiento de las promesas del gobierno de habilitar instancias de participación ciudadana. Incumplidas por cierto.

Iniciadas las protestas populares, el gobierno recurrió con notable agilidad a las medidas de represión: se implantó el Estado de Emergencia, se reprimieron con violencia las manifestaciones callejeras, se asesinó por los menos a dos jóvenes estudiantes. La represión como corolario inevitable de un gobierno impopular: sería necesaria una edición especial de LA REPUBLICA para enumerar los precursores latinoamericanos de esta actitud, desde Onganía y Garrastazú Medici hasta Stroessner y Carlos Andrés Pérez, pasando Pacheco y Bordaberry, Frodizi, Belaúnde y Díaz Ordaz.

La repetición rutinaria del oprobioso destino de estos presidentes latinoamericanos se interrumpió esta vez, y no por la voluntad del gobierno por cierto.

La movilizaciones contra la privatización se extendieron desde Arequipa, la segunda ciudad del Perú, a toda la región del sur; en Cuzco y en Tacna, próximo a la frontera con Chile, se desarrollaron furiosas manifestaciones populares.

La muerte de los estudiantes desencadenó la protesta de la Federación de Estudiantes del Perú, que convocó a una movilización general. A esto su sumó una movilización que  con otras demandas– anunciaron las organizaciones gremiales de transportistas.

La protestas populares contaron desde el inicio con el apoyo de las autoridades locales de Arequipa, gobierno local que, además, posee una parte de las acciones de las empresas ilegalmente privatizadas por el gobierno del señor Alejandro Toledo.

La decisión de las autoridades locales asumió también un carácter resuelto y se plasmó en la declaración de la huelga de hambre por más de un centenar de alcaldes de la región movilizada.

Persistiendo en su actitud de «patear el aguijón», el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi Capurro, que había atacado la pertinencia de las protestas populares y tenía la responsabilidad de la violencia represiva desatada contra los manifestantes, tildó la actitud de los gobernantes locales como una actitud de «tontos útiles».

La temperatura siguió aumentando en todo Perú. También en el norte, en la populosa ciudad de Iquitos, distintos sectores populares se lanzaron a manifestar públicamente contra el gobierno.

Toledo decidió entonces dar marcha atrás con las privatizaciones, suspender un viaje a Nicaragua y los Estados Unidos que tenía previsto para estos días y habilitar una instancia de mediación con quienes se oponen a las medidas de privatización.

Atendiendo a las distintas opiniones adversas, el presidente decidió dejar sin efecto las privatizaciones y esperar que el Poder Judicial resuelva sobre el recurso presentado. *