Recuerdos del futuro

JORGE FILOMENO

 

Nuevamente Jorge Batlle lanza otra idea removedora al vuelo, sin duda cuerda y necesaria a esta altura de la crisis tan grave que padece el país, la cual parece puede llegar a profundizarse a extremos de poner en peligro la propia estabilidad de las instituciones, según las hipótesis más pesimistas y derechistas. En efecto, a los pobres intendentes que fueron por plata les canjeó los anhelados fondos por la idea de una reforma constitucional que permita instalar un sistema parlamentario de gobierno, al estilo europeo, más la regionalización del país, reduciendo el número de departamentos y en consecuencia de intendencias. Pero la idea central es la de crear un jefe de gobierno, cuya permanencia estaría sujeta a mayorías parlamentarias coyunturales, al lado del jefe de Estado, electo por la ciudadanía por un período determinado –como actualmente al presidente–, a los efectos de flexibilizar la gestión de gobierno, evitando los bloqueos peligrosos.

Quien esto escribe opinaba días atrás, desde estas páginas, sobre la necesidad de un «blindaje» institucional, a la vista de la dependencia del país de los organismos financieros internacionales y del fracaso del gobierno, proponiendo también la idea de una reforma constitucional que avanzara en dirección de un sistema de gobierno de carácter parlamentario, dejando atrás el mamarracho constitucional que representó la última reforma motorizada por el afán de instalar el denominado «balotaje». Y hay que hacerlo –no sólo a pesar sino fundamentalmente– por las urgencias que estamos viviendo. Y si es por el procedimiento de la Convención Nacional Constituyente, establecido en el artículo 331, inc. C, de la Constitución de la República, mejor, comenzando a hacer las cosas en serio, poniendo en práctica realmente «otra manera de hacer política», desgastada consigna de devaluados políticos.

Cuando los líderes se sentaron a la mesa

Organizaciones y ciudadanos, preocupados por los acontecimientos que estamos viviendo y padeciendo, han venido reclamando insistentemente la reunión de líderes políticos para otorgar un consentimiento a medidas que refuercen la confianza y credibilidad en el país y sus instituciones. Otorgado y firmado si fuera posible, solicitan, cosa que a esta altura se ve como difícil.

La agudización de la crisis conduce a la intolerancia e intransigencia en todos los ámbitos, donde vamos a perder todos, si no se demuestra la voluntad de reformular el contrato que organiza políticamente a nuestra sociedad, es decir, la Constitución de la República, rigiendo un nuevo funcionamiento de las instituciones del Estado. Esto, que parece hoy tan difícil, tiene un antecedente cercano en el tiempo, cuando aún no había hecho eclosión la crisis, en la carta que todos los candidatos presidenciales dirigieron a la ciudadanía, previo a las elecciones de 1994. Como se recordará, en agosto de ese año, se plebiscitó un proyecto de reforma constitucional, el cual, básicamente, instalaba el denominado voto cruzado, es decir, la posibilidad de votar a un candidato de un lema para la Presidencia de la República y a otro, de otro lema, para las intendencias. Aquel proyecto de reforma contaba con el apoyo de todo el Partido Colorado, todo el Partido Nacional, y de 8 contra 5 de los sectores entonces integrantes del EP-FA, lo cual parecía asegurar su aprobación, demostrativa del único gran acuerdo pluripartidario desde la salida de la dictadura. No obstante, se desató una brutal campaña corporativa contra el proyecto denominado «minirreforma», basada dicha campaña en la incorporación al mismo de la reducción del número de ediles y la calidad de rentados y, fundamentalmente, en el temor infundido a los jubilados respecto a una adecuación administrativa en el Banco de Previsión Social. En esas circunstancias los candidatos presidenciales otorgaron y firmaron una declaración pública que comenzaba diciendo: «Quienes suscriben, candidatos a la Presidencia de la República, expresan a la opinión pública que el proyecto de reforma constitucional que será plebiscitado el domingo 28 del mes en curso no altera las disposiciones constitucionales sobre el Banco de Previsión Social ni tiene por objeto modificar en sentido alguno el actual sistema estatal de la seguridad social», desarrollando luego lo antedicho claramente en cuatro puntos. Y firmaban: doctor Gonzalo Aguirre Ramírez; doctor Jorge Batlle; señor Rafael Michelini; señor Jorge Pacheco Areco; profesor Carlos Julio Pereyra; doctor Juan Andrés Ramírez, doctor Julio María Sanguinetti, doctor Tabaré Vázquez, doctor Alberto Volonté.

No obstante la explicación de todos los candidatos, fue más fuerte el miedo instalado en la gente. Los corporativistas y los radicales de boquilla lograron su objetivo y la reforma no prosperó. Los cuestionamientos irrelevantes por el sueldo de los ediles se consolidaron luego en la pequeña corrupción de los «viáticos», actualmente existente, y la supresión del nombre de las tres antiguas cajas –que era eso lo aclarado– se transformó luego, triunfante Sanguinetti, en una verdadera y retrógrada reforma jubilatoria, con Afaps incluida. Pero esta quizás no fue la peor consecuencia del desatino corporativista y radical. La peor fue la oportunidad perdida para un posible y sorpresivo gobierno progresista, que hubiera acostumbrado –no obligado–, a dialogar, en mejores condiciones que las actuales, a sus adversarios tradicionales. Endurecida ahora la cáscara se hace muy difícil entonces la manida «sentada a la mesa» por la que se pugna. En esta situación la Convención Nacional Constituyente puede ser pues un buen ámbito para recrear la política *