Maniobras de distracción

Mientras el país sigue hundiéndose en la peor crisis de su historia, con el desempleo y el empleo precario en aumento, con un nivel de retribuciones indecoroso, con la espada de Damocles del grado de inversión y del riesgo país, con el sistema financiero desfinanciado, con las intendencias sin asistencia del gobierno central y algunas de ellas atravesando crisis gravísimas, la dirigencia de la coalición de gobierno –huérfana de ideas concretas y viables para superar la circunstancia con coraje e inteligencia, como no sean soluciones exclusivamente fiscales– parece atareada en otros afanes.

Oyendo hablar a las principales figuras de la coalición, casi podría pensarse que se han propuesto como estrategia desviar la atención de la población hacia problemas ajenos a la situación.

Cuando se produjo el ajuste de verano (que sería el último pero no lo fue), empezó a hablarse de la necesidad de un ajuste político que el país debería encarar inexorablemente. El ex presidente Lacalle se convirtió en el abanderado de la racionalización del sistema político, proponiendo drásticas reducciones de cargos; disminución del número de legisladores, disminución de ministerios, disminución de directores de entes. Como si la situación del país (al borde del default) pudiera resolverse mediante una reforma política; como si los ahorros obtenidos por las reducciones permitieran conjurar el déficit fiscal. Pero más allá de las supuestas buenas intenciones de la propuesta –e independientemente de la eventual necesidad de una reforma política– ella peca de inoportuna: no es el momento más apropiado para distraer a la población con debates sobre filosofía política o disquisiciones constitucionalistas.

Una postura similar fue posible advertir en el presidente en oportunidad de recibir a los intendentes que concurrieron a manifestar sus preocupaciones. El doctor Batlle creyó del caso hacer referencia a sus ideas sobre organización del Estado y ciencia política, planteando la posibilidad de reformas, como si los males del país pudieran resolverse mediante una modificación de la Carta Magna. Los intendentes se retiraron de la residencia presidencial sin saber la fecha en que recibirán los rubros pero al tanto del pensamiento político-institucional del primer mandatario.

Pero quizá lo más grave ocurrió la semana pasada, cuando trascendió que varios dirigentes de primer nivel acudieron presurosos a efectuar importantes retiros de sus respectivas cuentas en diversas instituciones financieras. Del tema –revelado por el semanario Brecha en su última edición– nos ocupamos en nota editorial del pasado sábado, resaltando lo que el hecho significa como falta de confianza en el sistema y en las autoridades financieras del país.

Mientras los comentarios coincidían en señalar la paradoja de que legisladores y figuras notorias del gobierno hicieran lo que éste intentaba evitar, otros prohombres de la coalición, lejos de escandalizarse por lo que se había informado, pusieron el grito en el cielo porque se había cometido un delito: ¡se había violado el secreto bancario! Una vez más, la preeminencia de las formas sobre el contenido; la prevalencia de la cáscara sobre el fruto, de lo adjetivo sobre lo sustantivo.

¿Qué es más grave? ¿Que se haya cometido una «infidencia» y no se haya preservado el secreto que ampara los movimientos bancarios, o que legisladores y funcionarios del partido de gobierno retiren sus depósitos de los bancos de plaza, en clara contradicción con la confianza que pretende irradiar el equipo económico?

Asumir los yerros propios es el primer paso para ser digno de respeto y tener credibilidad. Pretender distraer la atención, minimizar un hecho grave y poner énfasis en aquello que no lo merece es el camino para profundizar el descrédito de la clase política y de las instituciones. *