¿Y la violencia de la clase gobernante?

ALBERTO CAYMARIS

 

Ultimamente, a través del Ministerio del Interior o del señor Hierro López, el gobierno viene llevando una campaña contra la violencia que según su criterio se manifiesta en los caceroleos, abucheos, escraches, actividad delictivas de los menores de edad y otras manifestaciones de protesta popular.

En otros momentos, y ahora también, el choque con la Justicia por las libertades por gracia, los procesamientos sin prisión, las libertades sin procesamiento y las salidas transitorias, son objeto de un ataque sistemático a través de los medios de difusión.

Vayamos por partes: los caceroleos que tanto le molestan –aunque tanto el Presidente como el vice han manifestado públicamente no haberlos escuchado cuando estaban reunidos en Suárez– son actos protegidos por la Constitución de la República, por lo que ningún ciudadano ni organización, sea la que sea, está en la obligación de guardarse a silencio. Bastante complacientes somos los uruguayos perjudicados por la política económica, social, laboral, etcétera, etcétera, que no escrachan más, cacerolean más o abuchean más. Tal vez estemos demasiado mal aconsejados por los que predican una «política educada», mientras corren tranquilamente las aguas de un accionar gubernativo perverso que no se inició por cierto en 2000.

En lo que tiene que ver con los menores, ya el señor García Pintos ha presentado un proyecto para fijar la imputabilidad penal en los 16 años. ¿Piensan realmente que los menores se van a comprar un Código Penal para llevarlo en cada circunstancia, cuando salen dispuestos a matar o cuando simplemente salen a disfrutar de sus años? Si se trata de menores infractores van a cometer actos contrarios a la ley penal, sin fijarse en su edad.

El problema es otro, porque con ese criterio habría que penalizar a todos los menores, salvo los de pecho, que ya están penalizados desde que nacen sin un techo adecuado, sin la comida suficiente, sin ropa y calzado que sirva para cuidar sus cuerpos, sin padres con trabajo dignamente remunerado, sin amparo en la salud, sin nada de nada.

Digamos entonces que con el criterio de los señores que pregonan y quieren rebajar la edad de la imputabilidad, que estén tranquilos porque ya se aplica rigurosamente para asegurar el bienestar o la tranquilidad que debe tener un gobierno para cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

Los problemas con la Justicia surgen de tanto en tanto, pero últimamente son más frecuentes. Nosotros nos preguntamos: ¿quién debe juzgar, los jueces todos incluidos los de la Suprema Corte de Justicia o el Ministerio del Interior y la Policía? ¿A quién faculta la Constitución y la Ley para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado? ¿Por qué los jueces deben procesar?, ¿por el solo hecho de que la Policía pase un detenido con el memorándum correspondiente a la Justicia? ¿La Policía con su ministro del Interior están legitimados para aprehender a un presunto delincuente, y por ese solo hecho un juez está obligado a procesar? ¿No será la cosa al revés?

¿Además, para qué quiere el gobierno que haya más gente presa, cuando las cárceles están desbordadas, y los encausados con prisión, se reiteran en la delincuencia, en gran parte porque no se cumple con lo que ordena la Constitución en cuanto a la reeducación de los presos?

Se calcula que hay 5.000 presos, todos no emergentes de las clases medias o de las clases altas, sino de los estratos sociales más desamparados. ¿El pueblo uruguayo no ha pensado en esto? ¿Y el gobierno?

Lo que está ocurriendo hoy en el país es sencillamente alarmante: la violencia se genera no sólo en los de abajo, sino en los de arriba y en los gobiernos con quienes se sustentan mutuamente.

No pecamos de ingenuos como para creer que no conduce a nada contener a los delincuentes y a los menores infractores. Creemos que la ley comprende a todos, a los que participaron de una u otra manera en la dictadura cívico-militar en primer término. Y a los comunes por supuesto, pero con otra infraestructura de país. *