700.000 firmas y una firme voluntad

LEON LEV

 

Más de 700.000 firmas avalaron la decisión de recurrir los artículos 612 y 613 de una ley, de carácter presupuestal, que sin las mayorías reclamadas por la Constitución y excediendo los plazos del presupuesto, autorizaba a vender parte del paquete accionario de Ancel y efectuar asociaciones.

A esta altura del proceso verificador, por parte de la Corte Electoral, está claro que se alcanzaron los requisitos para autorizar el citado referéndum.

El Poder Ejecutivo, que ha venido amenazando, desde hace tiempo, con una ley derogatoria de dichos artículos, todavía no reconoció la derrota política que significa que la voluntad popular, una vez más, revierta los designios de una mayoría oficialista.

Es más, anteriormente, envió un proyecto de ley que derogaba un artículo, pero sibilinamente, sin derogar el otro, buscaba mantener parte de sus atributos.

Los socios blancos de la coalición plantearon que en lugar de derogar habría que confrontar en las urnas y dar la batalla por el mantenimiento de los artículos.

Aparentemente el Poder Ejecutivo se inclinaría, diferenciándose de sus socios, por la derogación y no por el veredicto de las urnas.

En el tristemente célebre reportaje de la agencia Bloomberg News, el Presidente de la República amenaza con que en la próxima Rendición de Cuentas vendrán nuevas formas de concesión a privados en: aguas corrientes, ferrocarriles, petróleo, gas, luz eléctrica, comunicaciones, para evitar el ejercicio del derecho constitucional de someter a referéndum las leyes que afecten al patrimonio nacional.

Pero que el oficialismo no se engañe, no podrá escamotear la voluntad popular y hacer entrar por la ventana lo que no puede hacer por la puerta.

Si se plantea la derogación de los artículos 612 y 613 será también con el compromiso de que en este período parlamentario no se podrán reintentar iniciativas, que devalúen la voluntad ciudadana, de recortar el patrimonio nacional en el área de las telecomunicaciones.

Los parlamentarios de izquierda, que se plantaron firmes frente al intento de contrabandear un proyecto de ley que dejaba en pie un aspecto esencial del proyecto original, manifestando que sólo votarían un texto que derogara lisa y llanamente los artículos referidos, deben evaluar con detenimiento el estado de ánimo de la sociedad.

La gente está con mucha bronca con la orientación económica del gobierno y en particular con ciertas actitudes del Presidente.

Antes de decidir su actuación parlamentaria harían bien en dialogar con la gente, para escucharla y también para explicar sus razones en caso de decidir votar la derogación.

Antes y no después, de manera que la ciudadanía firmante se sienta respetada.

Las formas de procedimiento son vitales para el contenido de la democracia.

La gente que firmó quiere ser consultada y tenida en cuenta en caso de no concretarse el llamado a referéndum, a pesar de haberse cumplido los requisitos legales.

Un aspecto importante del descrédito de la política reside en que los representantes no siempre estimulan los mecanismos previos de consulta.

La ciudadanía no es un accidente a salvar sino un referente, un sujeto de la historia, a ser tenido en cuenta y a convencer en caso de adoptar decisiones que anulan su voluntad de ejercer el derecho de la democracia directa.

Si las razones para votar la derogación de los artículos 612 y 613 son claras y valederas, que ratifican la voluntad popular y denotan que el Poder Ejecutivo da un claro paso atrás en su afán de privatizar el patrimonio de Antel, las 700.000 firmas habrán demostrado su validez.

Es más, el pueblo tomará impulso para completar las firmas necesarias para la defensa de Ancap, fortaleciendo su empeño democrático en que las condicionantes externas no podrán imponernos medidas lesivas para el interés nacional y social, que afecten nuestra soberanía.

La firme y transparente convicción ciudadana es una condición para fortalecer la democracia e impedir la depredación de nuestra convivencia pacífica.

Con la misma solidez con que se recolectaron las firmas, los parlamentarios de izquierda y progresistas debemos explicar, argumentar y convencer.

No sea que una justa y necesaria acción parlamentaria se transforme en una incomprensión popular, por no efectuar la consulta y debate previos. *