La derecha tiene miedo

La decisión del ministro de Economía de no aportar los rubros necesarios para la realización del referéndum contra la privatización de Ancel no tiene precedentes y resulta absolutamente inaceptable.

Es, ni más ni menos, que anteponer intereses materiales por encima del ejercicio de la democracia. La participación de la ciudadanía está en la esencia de cualquier régimen democrático, y pretender que no se lleve a cabo una consulta al cuerpo electoral so pretexto de que el erario no dispone de rubros es un grosero desconocimiento del funcionamiento de las instituciones y de los mecanismos mediante los cuales la población (el demos) se expresa políticamente.

No bien se llegó al número requerido de firmas para habilitar la instancia del referéndum, ya el gobierno –con una celeridad digna de mejor causa– se apresuró a mostrar su disposición a derogar las normas cuestionadas. No es serio, no denota responsabilidad ni firmeza, desistir de la defensa de disposiciones que impulsó el propio Poder Ejecutivo.

¿Por qué esa súbita maniobra? ¿Qué teme el gobierno?

En primer lugar, teme que su propuesta privatizadora encuentre un rechazo tan elocuente como el de 1992. Aparentemente, ciertos sondeos de opinión indicaban que, más allá de los dos artículos que se intenta derogar, el referéndum se convertiría en un duro cuestionamiento a la política económica en particular y a la gestión presidencial en general. Y evidentemente, los principales impulsores de la venta de las empresas públicas no confiaron en la solidez de sus argumentos a favor de la enajenación de los bienes del Estado; no se sintieron capaces de defender sus puntos de vista y dudaron de su poder de convicción para inducir al electorado a apoyar su proyecto.

Mala cosa es cuando un gobierno exhibe una debilidad tal. Porque en definitiva, la coalición no cree en su capacidad dialéctica y pretende evitar, de la forma que sea, la posibilidad de un gran debate nacional sobre el tema. El temor al diálogo, a la confrontación de puntos de vista, es un índice de debilidad alarmante.

Y el gobierno teme el diálogo, no quiere que se produzcan debates, pretende evitar a toda costa que la opinión pública se entere de los grandes temas nacionales, que se informe de las verdaderas razones que mueven a la clase dirigente a propiciar una política económica entreguista. Su propósito es que la democracia sea sólo representativa, que el electorado se limite a emitir su voto cada cinco años para elegir a sus autoridades; que los ciudadanos reduzcan su participación democrática y que no pretendan incidir en las grandes decisiones.

Temen que la población esté en condiciones de confrontar los puntos de vista divergentes y que sea capaz de elaborar el suyo propio. Saben que la ignorancia de los grandes temas y la prescindencia de la gente de las cuestiones que a todos atañen son su mejor aliado para perpetuarse en el poder.

Son conscientes de su fracaso y del rechazo que generan en la opinón pública. Por eso se muestran tan preocupados, porque prevén la posibilidad cierta de tener que abandonar el control del Estado.

Estos intentos desesperados de evitar la consulta popular (la derogación parlamentaria de las normas sobre Ancel y la negativa de Bensión de aportar los recursos) vienen a sumarse a la artillería desplegada fundamentalmente por el Foro Batllista. Las agoreras predicciones a propósito de una posible inestabilidad institucional; la “lectura” torcida que se hace de las elecciones internas en la izquierda advirtiendo del peligro de radicalización, son todas expresiones claras de que la derecha está asustada. *