Transparencia y lucha contra la corrupción

Tal como hemos venido informando, la cooperativa Caofa enfrenta una situación financiera especialmente difícil que la ha puesto al borde de la bancarrota, como consecuencia de graves irregularidades –muchas de las cuales configuran delitos– ocurridas durante la administración de la Comisión Directiva presidida por el teniente general retirado Fernán Amado.

Como se recordará, este alto jerarca castrense –que llegó a ocupar la Comandancia en Jefe del Ejército bajo el segundo mandato del doctor Sanguinetti– fue un militar consustanciado con el «proceso», durante el cual fue designado para ejercer el cargo de intendente municipal de Maldonado. También pesa sobre él una denuncia por maniobras dolosas mientras estuvo al frente de la Federación de Deportes Ecuestres. Tales ilícitos económicos determinaron que fuera excluido del padrón de socios de la institución.

Desde luego que nuestra adhesión a la presunción de inocencia nos obliga a esperar el fallo de la Justicia antes de pronunciarnos sobre los hechos. Pero de todos modos, las sombras de la sospecha de fraude se ciernen sobre este militar retirado desde que la actual Directiva de Caofa deberá presentar –por mandato de la Asamblea General de Socios de la institución– una denuncia contra la Directiva anterior ante la Justicia Penal.

La constatación de las maniobras dolosas es el resultado de una investigación administrativa y contable que insumió tres años. No bien se supo del vaciamiento de la cooperativa, el teniente general Fernán Amado solicitó un Tribunal de Honor que juzgara su conducta. Sin embargo, el Tribunal decidió no expedirse hasta que hubiera un dictamen de la Justicia. Llama la atención que los militares, siempre tan recelosos de la Justicia civil y dispuestos a reclamar competencia, hayan resuelto aguardar a que ésta se expida.

El manto de silencio vuelve a desplegarse para cobijar a un ciudadano acusado de un delito común. Como en otros casos notorios de corrupción que involucran a figuras públicas –concretamente la gestión de Benito Stern al frente del Ministerio de Turismo– el poder pone en funcionamiento todos los mecanismos a su alcance para proteger a sus integrantes. De lo que se trata es de que las situaciones enojosas en que se ven envueltos no trasciendan; que la gente no se entere mientras se realizan febriles gestiones para detener o para torcer la acción de la Justicia.

Por estos días tuvo lugar en Montevideo un seminario sobre corrupción en el que participó el ilustre abogado argentino Luis Moreno Ocampo. Este ex fiscal es uno de los fundadores de Poder Ciudadano, organización que tiene como objetivo impulsar –mediante su participación en redes– el fortalecimiento de la democracia y la denuncia de la corrupción, así como promover la transparencia en el sistema.

Precisamente de eso se trata: de la transparencia. Aquellos dirigentes políticos uruguayos acostumbrados al poder deberían dirigir la mirada hacia ese saludable emprendimiento. Deberían comprender, de una vez por todas, que el ocultamiento de la verdad no sólo no ayuda al combate contra la corrupción, sino que por el contrario contribuye a abonar la desconfianza de la población en el sistema político y sus actores.

La cristalinidad y el reconocimiento público de los errores son la única garantía para que las instituciones recobren la credibilidad y, en definitiva, para el fortalecimiento de la democracia. El peligro no son los «populismos». Lo que pone en riesgo a la institucionalidad democrática es la corrupción y el encubrimiento de los hechos delictivos. *