IRP y credibilidad política

HECTOR ACOSTA GARCIA

 

«Quiero manifestar a título personal que estoy dispuesto a estudiar una reforma a fondo del sistema tributario uruguayo, que incluya al impuesto a la renta de las empresas y las rentas personales. En esta materia comprometo mi posición».

(Diputado Luis Hierro López, Cámara de Representantes, 30 de marzo de 1990).

 

Desde su creación por la dictadura, el Impuesto a las Retribuciones Personales constituye una espina clavada en la credibilidad del sistema político, especialmente de los partidos tradicionales.

La contradicción entre la necesidad recaudadora del modelo y el discurso de justicia social del cuerpo político, ha estado pautada desde entonces, poniendo en evidencia a uno de los más notorios casos de doble discurso del país.

Ya en aquel junio de 1982, el impuesto creado a instancias del contador Valentín Arismendi, recibía las críticas del Consejo de Estado:

«Quitarle un 1% a pensionistas que cobran quinientos pesos es un disparate que yo no voy a acompañar».

«Yo me pregunto: estos impuestos que hoy se crea, ¿se eliminarán en cuanto se recomponga la carga imponible y se comience a recaudar, o simplemente se continuará gastando hasta que no quede nada de todo lo recaudado?».

A pesar de las objeciones, atendiendo a las «urgencias» planteadas por el equipo económico y en el entendido de que se trataba «de una medida transitoria», el impuesto resultó votado.

Pocos meses después –tras el quiebre de «la tablita»– el Consejero de Estado Pablo Millor se apresuraba a justificar: «Discrepábamos con el modelo económico con mucha antelación a nuestro ingreso a este cuerpo. Por eso entiendo oportunísimo el planteamiento del consejero Gelpi en cuanto propone derogar, y derogar inmediatamente, esta medida que no se justifica en lo más mínimo».

Más cercanos a nuestro tiempo, en marzo de 1990, reinsertados en la democracia, fueron muchas las voces legislativas que se alzaron contra el aumento de las tasas impulsado por el gobierno del doctor Lacalle.

«Tenemos pleno convencimiento de que este proyecto no nos conduce a una mayor justicia tributaria; por el contrario, nos aleja de ella en virtud de la desproporción en el sacrificio que se le pide a los sectores productivos y de ingresos fijos», sostenía el diputado Daniel García Pintos.

«Estamos convencidos de que va a haber una disminución tan grave del poder adquisitivo del salario real, de las jubilaciones y de las pensiones, que muchos cientos de miles de hogares se verán introducidos en el abismo social que significa el tener que disminuir notoria y notablemente la calidad, de vida», agregaba.

«Mucho se ha hablado aquí del Impuesto a la Renta, pero en realidad el único Impuesto a la Renta que hoy tenemos es que grava a la «riqueza» –entre comillas– de los trabajadores, de los jubilados y de los pensionistas. Es en definitiva, no un impuesto a la riqueza de estos sectores, sino a su miseria», concluía el legislador.

En ese coro de opositores del Impuesto, se distinguió también la voz del actual vicepresidente de la República: «Este proyecto es criticable porque acentúa de manera realmente gravosa la orientación y los contenidos de injusticia de un sistema tributario que el país tiene que reformar. Este sistema tributario uruguayo, procura actualizarse a través de impuestos que sean fácilmente recaudables. No se piensa tanto en la equidad del sistema, sino en la agilidad de la recaudación».

A pesar de tan formidables argumentaciones, el proyecto fue aprobado con el voto de sesenta y tres diputados, contra treinta y tres.

Una declaración política del Batllismo Unido, leída previamente, daba cuenta que sus diputados «van a votar las medidas impositivas propuestas por el gobierno, aun cuando no coincidan con la orientación general de la política económica hasta ahora explicitada».

El cambio de mando producido a partir del 1º de marzo de 1995 no implicó, sin embargo, un cambio «en la orientación general de la política económica».

En mayo de ese año, el gobierno del doctor Sanguinetti reitera el mecanismo de ajuste de su antecesor, asentado sobre el mismo criticado Impuesto a las Retribuciones Personales.

Si acaso hubo un cambio, fue en quienes se manifestaban ahora opuestos al mismo: los legisladores del Partido Nacional.

«A la colectividad política que integro, no le gustan los instrumentos elegidos para lograr que la cuentas cierren. Pensamos que el aumento del IVA no es apropiado, y que el impuesto a los sueldos es absolutamente inconveniente», afirmaba el diputado Arturo Heber.

Fundamentando su rechazo a la propuesta, el doctor Volonté por su parte destacaba: «Este ajuste se los votó transitoriamente y habrá que derogarlo lisa y llanamente, cuando empiecen a producirse las transformaciones del aparato estatal, a partir de la Reforma de la Seguridad Social, y la Ley de Presupuesto que reformará el Estado».

Y llegamos a los actuales tiempos del doctor Batlle, donde el infaltable ajuste fiscal que cada cinco años se reitera en el país, eleva las «transitorias» tasas del IRP a niveles confiscatorios.

Entre sollozos presidenciales, amenazas fatalistas del equipo económico, declaraciones de asunto político y oídos sordos a los reclamos sociales, el Poder Legislativo vuelve a ser escenario de esta contradicción ética, aunque esta vez las voces han sido menos sonoras.

Es que tal vez la visión del diputado Washington Abdala resuma la nueva postura de la clase política sobre el asunto, liberándola de cualquier compromiso ético asumido en el pasado: «El Parlamento votó contra las maldiciones, contra aquellos que creen que todo va a salir mal, contra las visiones paleolíticas que tienen una cuerda de intolerancia fenomenal; y a favor del país y del sistema político que, con este tipo de acciones, retorna a tener más credibilidad». *