Carta abierta al ministro de Salud Pública

MONICA XAVIER – Senadora de la República

 

Es lamentable que los parlamentarios –definidos como los representantes del pueblo y elegidos con base en los mecanismos de la democracia– tengamos que enterarnos por la prensa de hechos gravísimos ocurridos en su cartera. Y esa calificación no es la utilización de una expresión tendiente a exagerar lo ocurrido, sino la definición exacta de una situación que, en definitiva, costara cinco jóvenes vidas –como consecuencia de la meningitis– sin que hasta el momento nadie asuma responsabilidad al respecto.

Recordará el señor ministro que el 23 de abril pasado, durante su comparecencia ante la Comisión de Salud del Senado, le solicité se me proporcionara información sobre el desarrollo de la investigación administrativa que con este motivo se iniciara. No trataba de satisfacer con dicha solicitud una ansiedad personal, sino de lograr que el Parlamento de la República conociera oficialmente el curso de la investigación generada en un hecho que había promovido el relevo de toda la cúpula ministerial y la convocatoria a una interpelación, suspendida para darle oportunidad a la administración entrante de clarificar la situación y sus responsabilidades.

Varios legisladores insistimos en la necesidad de realizar los estudios comprometidos por la anterior administración ante una reunión conjunta de las comisiones de Salud de ambas Cámaras el 14 de agosto de 2001.

No fue en vano, señor ministro, que reclamamos la adecuada y oportuna vacunación contra la meningitis, vacunación que fue obstaculizada durante un extenso período por las autoridades ministeriales. Compromisos de esta naturaleza no pueden dejar de cumplirse por cambios de autoridades, mucho menos cuando ellos fueron motivados justamente por el tema en cuestión.

Ahora, hemos tomado conocimiento –gracias a la prensa y no por información de las autoridades sanitarias– de que los reactivos que se utilizaron en varias de las determinaciones de las cepas de meningitis estaban vencidos, hecho que no sólo genera responsabilidades técnicas sino, además, de conducción política.

¿Cómo es posible, señor ministro, que se realicen análisis para determinar la bondad de un tratamiento, sin contar con los elementos técnicos apropiados?

Quienes conocemos lo que significa para la salud de las personas la adecuada realización de los estudios de laboratorio no podemos admitir, bajo ninguna circunstancia, una negligencia de tal entidad.

Por ello, hemos aseverado permanentemente que cuando se actúa en el área de la salud, deben exigirse niveles de responsabilidad mayores y más estrictos, porque están en juego vidas humanas.

En estas circunstancias, señor ministro, lo que me parece realmente insólito es que no haya salido de su cartera la explicación puntual de lo ocurrido.

¿Es que usted entiende que existen elementos, quizás de valoración política, que deben ser sopesados antes de dar a conocer hechos de esta gravedad?

Si ese es su pensamiento, con el mayor de los respetos, le pregunto: ¿no debería usted replantearse el seguir a cargo de las políticas sanitarias de nuestro país? La salud pública uruguaya exige la transparencia más absoluta. El enfermo, afectado por una dolencia cualquiera, es una persona cuyos derechos como ser humano el Ministerio de Salud Pública debe defender, por sobre cualquier otro interés, aun de índole política.

Usted, señor ministro, a poco de asumir su cargo, hizo declaraciones altamente objetables, asegurando que el país fabricante de la vacuna se había negado a aceptar una serie de propuestas para abonar la deuda generada.

En ese momento no entendimos el objetivo de su declaración. Ahora nos preguntamos: ¿usted, señor ministro, estaba pensando en la salud de los uruguayos y uruguayas que debían inmunizarse contra la meningitis, o priorizaba intereses políticos, en una actitud que lo desmerece?

Reiteramos que afortunadamente la prensa sacó a luz la información oculta, y ahora sabemos del tortuoso trámite que tuvo la investigación sobre los fallidos análisis realizados en los laboratorios de ese Ministerio, que llevaron a plantear –incluso– que la vacuna cubana era «inespecífica», afirmando que podría llegar hasta prohibirse su utilización.

Luego se conocieron los análisis del Instituto Pasteur de París, que hicieron revertir rápidamente la –en apariencia– firme decisión del Ministerio de no vacunar. También se supo de la increíble demora en darse a conocer la situación en los distintos niveles jerárquicos de dicha secretaría de Estado.

Ahora, meses después de ese infeliz suceso, conocemos los nuevos detalles: que se utilizaron reactivos vencidos, que existe una situación de tirantez entre los técnicos del laboratorio ejecutor de los estudios y, lo más grave, que el resultado de dichas negligencias y desavenencias ha sido el fallecimiento de cinco personas.

Un largo e innecesario silencio, inútil y grave. Innecesario, porque estaba pendiente una respuesta al Parlamento Nacional. Inútil, porque la reserva es imposible de mantener y las consecuencias políticas de un largo silencio son más contraproducentes que las que se pretendieron evitar.

Y grave, por último, porque lo que se ha dado a conocer, comprueba que los hechos son mucho más trascendentes de lo que se suponía y es necesario reclamar responsabilidades políticas. *