Del "blindaje" financiero al institucional

MARCELO JORGE FILOMENO – Escribano

 

Más allá de las medidas propuestas por la izquierda y el progresismo en general para levantar al país de su postración, nos parece que, ante el hecho consumado de los préstamos y del o los ajustes empobrecedores, deberíamos ir pensando en salvaguardas institucionales para prevenir las consecuencias conflictivas que los actos gubernamentales tarde o temprano provocarán. Así como, según los responsables, han creado un «blindaje» financiero, deberíamos también demandarles un «blindaje» institucional. En efecto, quienes vivimos y sufrimos, en tanto jóvenes ciudadanos preocupados por el destino colectivo, la década del 60 –precursora del autoritarismo–, no podemos dejar de observar algunas similitudes importantes con aquella época en la búsqueda de soluciones nacionales, a la cabeza de las cuales está la rigidez de nuestro sistema constitucional, huérfano de salidas para permitir expresar el descontento con una gestión de gobierno global, y cambiarla mediante el voto popular. La última reforma –con balotaje incluido– ha venido a acentuar aquella rigidez de la que hablamos, sin reforzar en definitiva la legitimidad de las acciones presidenciales, como ha sucedido en todo este proceso culminado con la aprobación de la denominada ley de estabilidad fiscal. La aparición mediática de un presidente en búsqueda de los votos dudosos de la mayoría, más que del apoyo popular a sus medidas, nos parece confirmar lo antedicho.

Dos ideas para el «blindaje» institucional

Una está referida a aquella necesidad de flexibilizar el sistema, evitando bloqueos, en situaciones conflictivas, que puedan desembocar en salidas de tipo autoritario, exacerbando a esos efectos determinados instrumentos constitucionales y/o legales, hasta llegar a su desnaturalización, como sucedió con las medidas de seguridad durante el gobierno de Pacheco. Sin llegar al ideal de las democracias desarrolladas como lo es el sistema parlamentario, con jefe de Estado y jefe de Gobierno, avanzar por lo menos en esa dirección, buscando los mejores mecanismos, no sólo de expresión institucional de las mayorías, sino también de posibilidades de consideración popular de una gestión de gobierno, con el cambio consiguiente de personas, a cualquier altura del mandato, sin el «corset» de plazos predeterminados y sin alterar el necesario equilibrio entre los poderes del Estado, desnivelado más aún de lo que estaba, a favor del Ejecutivo luego de la última reforma constitucional y/o electoral. Estudiar, por ejemplo, la posibilidad de plebiscitar –a cierta altura del mandato– la gestión presidencial, tal como parece está establecido en la actual constitución venezolana. Es este un tema que debe ser abordado por las tendencias progresistas que existen en todo el espectro político, más allá de los problemas inherentes a la crisis en que estamos sumergidos, pensando –precisamente– en posibles consecuencias futuras de la misma en el plano institucional. Al respecto, recordamos la defensa que hizo el doctor Juan Andrés Ramírez –casi en solitario– del sistema parlamentario de gobierno, en oportunidad de discusión de la reforma.

La otra idea, referida al necesario «blindaje» institucional para tiempos difíciles, tiene que ver con el apoyo internacional a las instituciones nacionales. En ese sentido, además de los organismos internacionales de los que forma parte desde siempre, el Uruguay debe ratificar el Tratado de Roma, reconociendo la competencia de la Corte Penal Internacional para juzgar a los individuos uruguayos incursos en las conductas delictivas definidas por dicho Tratado, conductas atentatorias contra los derechos humanos en general. Así, los gobernantes o ciudadanos, civiles o militares, que puedan sufrir, en los tiempos difíciles que nos toquen vivir, la «tentación autoritaria», sabrán que sus actos contra la institucionalidad habilitarán su juzgamiento y castigo, dentro o fuera del país.

De lo que se trata es, en definitiva, de ir previniendo de la mejor manera situaciones críticas que se pueden dar, para el actual y futuro gobierno. *