Gasto público, ahorro y democracia

CHRISTIAN A. MIRZA

 

Hace días vengo escuchando con insistencia que hay que reducir el gasto público en el Parlamento, disminuyendo el número de legisladores o eliminando una de las dos Cámaras, o suprimiendo varios cargos del aparato administrativo de apoyo, etc., etc.. No hay peor circunstancia o coyuntura para discutir asuntos de la reforma política como esta.

En otras palabras, no podemos discutir seriamente el problema de los recortes en el gasto y los ahorros del Estado en situación de crisis financiera, al mismo tiempo que analizamos o debatimos acerca del tipo de régimen de gobierno que debiera fortalecerse; o peor aun, metiendo todo en un mismo paquete: Administración Central, Entes públicos, Parlamento.

No, así no va. Quienes lo han planteado poca estima tienen de los ámbitos representativos; no los jerarquizan, pretenden supuestamente abatir un déficit rebanando una porción del cuerpo representativo de la sociedad política, como si efectivamente lograran un impacto sustantivo. En realidad, los neoliberales o los ultraortodoxos de la derecha, aunque lamentablemente no son los únicos, asimilan el gasto parlamentario a cualquier «gasto» público, aprovechando la pérdida de «credibilidad» del Parlamento ante la opinión pública.

Si de lo que se trata es reformar el sistema político entonces examinemos las consecuencias que tendría una eventual disminución del número de legisladores y se me ocurren al menos dos: por un lado se reforzaría considerablemente el Poder Ejecutivo, es decir, acentuaríamos aun más el presidencialismo que caracteriza el actual régimen uruguayo, y por otro los que más se verían perjudicados serían los partidos y sectores políticos minoritarios a los cuales les costaría mucho más el acceso al Parlamento. En suma se afectaría notablemente el pluralismo político.

No obstante lo cual si hay voluntad de reforma, debería analizarse desde otra perspectiva y no a través del filtro de la presunta reducción del gasto público vía Parlamento. Por allí decía el contador Hughes que dicho Poder Legislativo disponía de alrededor de 1.000 funcionarios a su servicio contra los apenas 300 que había en los años 30; sin embargo se olvida que muchos de los pases en comisión fueron el resultado de la política clientelista de los partidos tradicionales que ejercen el gobierno desde siempre.

Por otra parte, las necesidades contemporáneas de darle un tratamiento más riguroso a los problemas cada vez más complejos exigieron a los legisladores un apoyo técnico y operativo cada vez mayor. Que se entienda bien, la defensa que hago es del Parlamento como ámbito de representación de la ciudadanía, aun reconociendo sus debilidades y falencias, aun reconociendo algunas aberraciones que son producto del sistema electoral, como el hecho de que algún senador ocupe una banca con el voto de menos de cien ciudadanos; aun reconociendo que el Parlamento no juega el papel que desearíamos y que la democracia no se agota en este nivel.

Parece evidente que la opinión pública, o al menos un porcentaje muy significativo de la población descarga en el Parlamento las insatisfacciones y desilusiones respecto a la eficiencia, eficacia y compromiso del Estado en aras de resolver los asuntos públicos más sensibles y críticos de la problemática nacional.

Sobre todo cuando es este Parlamento que vota por mayoría estrecha (pero mayoría al fin), los sucesivos ajustes fiscales que imponen más y más impuestos a los mismos sectores sociales cada vez más pauperizados.

Podemos coincidir con muchas de las apreciaciones y críticas que se formulan con relación al desempeño del Poder Legislativo; también podríamos avanzar en el sentido de los caminos o estrategias para obtener más democracia o mayores contralores de la ciudadanía, del pueblo todo. Así podríamos preguntarnos por qué no se instaura la institución del Defensor del Pueblo, por qué se cuestiona muy severamente los instrumentos plebiscitarios o por qué no se rediseñan nuevos formatos de participación popular como los hay en la capital, es decir por qué hasta ahora no se han instrumentado las tan mentadas reformas descentralizadoras plasmadas en la Constitución del ’96.

Así seguiríamos con otras aristas que tienen que ver con la reforma política, pero en el marco de un debate acerca de qué democracia deseamos todos los uruguayos consolidar y no discutir cómo recortar el gasto mediante la supresión de una Cámara del Parlamento o cuántos legisladores serían «absolutamente imprescindibles» para su funcionamiento eficiente, rápido y «más barato».

Lo que me parece un error conceptual muy grave es discutir y decir cómo y por dónde reducir el déficit fiscal entreverado con el recorte del número de las bancas legislativas o la eliminación de una de las Cámaras; asuntos estos que esencialmente pertenecen al dominio de la reforma política.

Que todos los representantes nacionales, diputados y senadores tendrían que dar muestras de austeridad en una coyuntura particularmente dramática, como algunos de ellos ya lo hacen, está bien; pero de ahí a proponer ahorros en los mecanismos democráticos ya me parece absolutamente frívolo y fuera de foco.

Dicho de otro modo, no se debe ahorrar democracia. Una línea argumental altamente peligrosa podría filtrarse y es la que sustentaba otrora modelos autoritarios afortunadamente superados. *