IMM: un ejemplo de capacidad y honradez administrativa

Desplazada por noticias vinculadas con el casi incidente diplomático con Argentina o con el ajuste fiscal, la información sobre el balance presupuestal de la Intendencia Municipal de Montevideo pasó prácticamente inadvertido.

En nuestra edición de ayer, se consigna que el gobierno municipal capitalino registró un superávit de 251 millones de pesos en el ejercicio 2001; algo así como quince millones de dólares. Con ello se logró reducir el déficit acumulado desde 1998 y situarlo en 950 millones de pesos.

Cabe resaltar –en esta coyuntura tan especial que atraviesa el país– el hecho de que un gobierno municipal (y precisamente el de la capital) arroje un resultado como este. Es la comprobación de que es posible –mediante una administración seria, responsable y honrada– racionalizar los gastos y exhibir un superávit que permite ir achicando el déficit, sin por ello dejar de cumplir con los cometidos y atribuciones propias de un gobierno municipal.

Cuando el gobierno nacional se rasga las vestiduras clamando por reducir el gasto público al tiempo que apela a los recursos más recesivos para aumentar la recaudación, el gobierno comunal de Montevideo está dando una lección de sensatez y de eficacia que deberán tomar como modelo los otros organismos estatales.

Ahora bien, más encomiable aun resulta este éxito financiero si tenemos en cuenta que los ingresos de la comuna montevideana exhiben –como en mayor o menor grado las del resto del país– una merma considerable. Los índices de morosidad en el pago de tributos municipales –fundamentalmente patente de rodados y contribución inmobiliaria– son realmente alarmantes y reflejan la crisis general del país. No es novedad para nadie que a medida que disminuyen los niveles de consumo, es decir cuando se produce una baja del salario real, el asalariado suspende o difiere el pago de ciertos compromisos que no afectan inmediatamente la satisfacción de sus necesidades básicas.

Pero en el caso concreto de la Intendencia de Montevideo, a esa situación general del país es preciso agregar la grosera discriminación de que es objeto por parte del gobierno central respecto de las dieciocho restantes; un viejo tema que las administraciones nacionales desde 1990 (año en que el Frente Amplio empezó a gobernar la capital) no han tenido voluntad de resolver y que constituye una flagrante injusticia. No debe olvidarse que, a diferencia de las comunas del Interior, la IMM paga aportes patronales y el IVA por las obras que contrata sin que esos gastos sean cubiertos por Rentas Generales.

En definitiva, una buena noticia que permite alentar la convicción de que aun en medio de la crisis, es posible manejar la cosa pública con idoneidad y responsabilidad. *