Los veinte años del IRP

HECTOR ACOSTA GARCIA

 

«La situación del país está ligada profundamente con su sistema impositivo. Uruguay debe hacer una profunda reforma tributaria, que lo acerque a la Justicia Social» (Foro sobre Economía Social de Mercado, junio de 1992)

El inicio del segundo semestre del año coincidirá con los veinte años de aplicación del Impuesto a las Retribuciones Personales en el país. Precisamente, el 23 de junio de 1982, y con vigencia desde el primero de julio de ese año, el gobierno de facto –que presidía el teniente general Gregorio Alvarez– promulgó el Decreto Ley 15.294, que creó este impuesto que grava «las retribuciones y prestaciones nominales, en efectivo o en especie, derivadas de servicios personales prestados en la actividad pública o privada, exista o no relación de dependencia».

Fundamentada su implementación en razones coyunturales y previsto su uso como «medida transitoria» ha ido no obstante –y como generalmente ocurre con las cosas transitorias– consolidando su permanencia dentro del esquema tributario del país y aumentando su importancia como proveedor de los recursos del modelo económico, hasta alcanzar en nuestros días una cifra de recaudación equivalente al millón de dólares diarios.

Estos recursos, que fueron previstos para ser aplicados a los programas de viviendas del Banco Hipotecario del Uruguay, han sido en buena parte desviados para otros fines, como la financiación de la Seguridad Social y capitalización de Cajas Paraestatales, programas de Asignaciones Familiares y, fundamentalmente, para el financiamiento de desajustes fiscales.

Calificado de injusto, aun por aquellos que lo votaron, y los que posteriormente aumentaron sus tasas, es el impuesto más resistido y criticado de todos los aplicados en el país.

Sin embargo, toda vez que desde los sectores sociales se ha planteado su eliminación, la voz del equipo económico se ha levantado para decir: «Si no es el IRP, ¿entonces qué…?»; sin medir el esfuerzo ya realizado por un único sector de la sociedad; sin tener en cuenta las injusticias que el impuesto consagra; sin valorar el cumplimiento ampliamente superado de las metas trazadas por los equipos económicos de turno; sin reparar en el indisimulado trasiego de los recursos que el impuesto recauda, para fines ajenos a los de su creación.

Y es que, para la propuesta económica que invariablemente cada cinco años se reitera en el país, el IRP constituye materia insustituible.

«Por los frutos, conoceréis el árbol», dice la sentencia bíblica.

¡Nunca mejor aplicada que en este caso!

Porque el IRP es el «código genético» del modelo económico. Es el que mejor lo define, el que mejor lo interpreta. Es su emblema y carta de presentación.

Es el impuesto que emparienta a los equipos económicos de la dictadura, con los que han actuado hasta nuestros días en democracia. Es la herramienta a la que todos ellos, sin excepción en estos últimos veinte años, han recurrido en su doble rol: como fuente de recursos de rápida respuesta, necesarios para cubrir desajustes fiscales, y como ancla salarial de control de la demanda interna, «responsable de los procesos inflacionarios».

¡¿Cómo no hacerlo, cómo no recurrir a él, si es casi su ideal en materia impositiva?!

Actúa sobre sectores prisioneros –asalariados y jubilados– que muy difícilmente pueden evadirlo.

Es retenido directamente por el empleador y volcado a los organismos de la Seguridad Social que, a su vez, deben verterlo a las arcas del Estado en un plazo máximo de 30 días.

Permite al equipo económico márgenes de maniobra muy amplios, al estar ligado a diversas variables: activo o pasivo; privado o estatal; diferentes tasas en función de la franja salarial que integra el contribuyente.

Pero, principalmente, por estar condicionado al Salario Mínimo Nacional, variable cuya fijación es resorte exclusivo del Poder Ejecutivo.

El IRP es «la joya de la abuela» del modelo en materia impositiva, que en estas dos décadas de vida ha ido creciendo sin pausa, hasta alcanzar hoy el 10% dentro del total de los recursos fiscales del país; que sólo entre 1995-2000 recaudó más de U$S 2.200 millones (casualmente, una cifra casi idéntica a la promocionada ayuda internacional prometida al país por estos días), y con una recaudación prevista de U$S 441,45 millones anuales, en el 2002.

Medido en función del PBI, pasó del 0,76% en 1989, para el actual 2,2%.

Hoy, ante la crítica situación social, económica y tributaria que se reitera sobre el país, nuevamente la propuesta del equipo económico se construye sobre este injusto gravamen.

¿Hasta cuándo se va a seguir insistiendo?

¿Cuándo va a entenderse que no es comprimiendo el poder de compra de los asalariados que va a recomponerse la situación del país?

¿Cuándo el país político asumirá la discusión en profundidad del sistema tributario que debe aplicarse y cómo contribuir a una efectiva justicia social, a través de las herramientas impositivas adecuadas?

O expresado de otra forma: ¿por qué se insiste en la aplicación del IRP y se evade la discusión del Impuesto a la Renta, cuyo reclamo surge con fuerza desde todos los sectores de la sociedad, y cuya reivindicación está contenida en las Declaraciones de Principios y los Programas de la mayoría de las fuerzas políticas del país? *